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Hace más de cien años que la familia de Rodolfo Páez viven en el mismo lugar, en la zona de Palma Sola, donde trabajan la tierra y producen alimentos. Esta mañana empezó el juicio oral en el que se lo juzga por el delito de usurpación, a partir de la denuncia de una empresa cuyo fin es desmontar 12 mil hectáreas para sembrar soja.
Integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) de Jujuy se hicieron presentes en Tribunales, donde montaron una pequeña feria para visibilizar la actividad productiva y artesanal que practican y apoyar a Páez, cuya familia vive en el paraje rural Las Vertientes, Palma Sola, desde hace más de cien años. La empresa El Mistol es la que presentó la denuncia por usurpación.
«Buscan desmontar 12 mil hectáreas para sembrar soja. Por eso es que aquí está en juego no solo el lugar donde se vive sino también la tierra que se trabaja; es decir, la soberanía alimentaria de los pueblos», explicó a El Submarino Radio (91.5) María José Castillo, abogada de Páez.
Al inicio de la audiencia de este jueves, lo primero que planteó la defensa es que la empresa El Mistol no puede participar del proceso como querellante, pues no era titular del registro en el momento en que se produjo la supuesta usurpación. «En el año 2011, el administrador de la empresa ingresa de manera violenta, denunciando a la familia de usurpadores, y realiza la denuncia que da origen a este juicio, por una supuesta colocación de alambres por parte de la familia campesina», relató la abogada.
En rigor, son seis las familias campesinas que viven en una tierra de 2 mil hectáreas y se dedican a la ganadería. «La empresa es titular registral de 17 mil hectáreas, pero no ha tenido nunca la posesión de estas tierras, porque allí están las vacas de las familias campesinas», precisó Castillo.
Lo que dice la ley, detalló la letrada, es que el trabaja y habita la tierra tiene derecho a permanecer en ella, y el Código Civil defiende al poseedor. «Acá no estamos hablando de quién tiene los títulos, porque los papeles se venden y se compran, como vimos en otros lados. La ley les da derecho a los poseedores de permanecer en su tierra y a defenderla de los actos de despojo», precisó.
El caso de la familia Páez también incluye un capítulo de compra y venta de papeles. «Esta empresa antes se llamaba La Jujeña y tenía 90 mil hectáreas. Su modus operandi fue siempre amenazar con el desalojo, realizar detenciones arbitrarias, para que las familias se vean obligadas a firmar convenios donde pierden sus derechos», relató Castillo.
«Son distintas estrategias que van usando las empresas para desalojar a los campesinos. En este caso avanzó el proceso penal porque la familia opuso resistencia y no firmó ningún convenio de pérdida de derechos», continuó, y agregó: «En definitiva, lo que trasluce este conflicto penal es un conflicto social que es por el desmonte. Porque además hace unos años, nosotros, como organización, hemos logrado frenar un desmonte; y eso se traduce después en un cuasi acto de venganza de la empresa al continuar con la imputación penal».
Castillo remarcó que está confirmado que el grupo Blaquier tiene vinculaciones con la empresa El Mistol, pues hay miembros de la familia Blaquier como titulares de acciones. De todos modos, aclaró: «Son grandes empresas del agronegocio las que están detrás de esto, no solo Ledesma; también está un empresario conocido de la provincia de Salta, de apellido Cervera, que es socio del senador Alfredo Olmedo, dueño de grandes extensiones de soja».
