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El primer tramo del debate de la Ley Bases y el pacto fiscal en Diputados terminó con la media sanción y pasó al Senado, pero es posible que el debate en la Cámara baja no esté terminado.
En el gobierno, comenzó la era del poroteo, cuentan voluntades. En la Casa Rosada no descartan que los senadores de la oposición logren una mayoría para rechazar uno o varios capítulos, lo cual implicaría que el proyecto regrese a la Cámara de origen, lo que representaría un retraso en el apretado cronograma político del Gobierno.
Ante la incertidumbre, resolvieron avanzar con los preparativos para el Pacto de Mayo de todas formas para celebrarlo sin demoras el 25, más allá de que la ley esté o no previamente sancionada.
La marcha atrás en la Cámara revisora no sería necesariamente una derrota, porque la ley podría sancionarse de todas formas. Pero indefectiblemente representaría un traspié y, en las últimas horas, los condicionamientos que había puesto el Gobierno para realizar el Pacto de Mayo pasaron de firmes a inexistentes.
En lugar de estar sujeta a la aprobación de la Ley Bases, como había dicho Milei el 1ro de marzo, el gran acto que tienen previsto en Córdoba se mantendrá firme pase lo que pase en el Parlamento.
Tanto es así que el presidente se apresta a firmar el decreto que permitirá que la Orden de Mayo, condecoración prevista sólo para dignatarios extranjeros, pueda ser entregada a dirigentes locales para usarla como distinción para los gobernadores que firmen el acta de acuerdo.
Además, la titular de la Secretaría General, Karina Milei, ya mandó a acuñar las medallas de condecoración. Y si bien no se informó la cantidad de insignias, es seguro que no serán 24.
El Gobierno ya avisó que sólo invitará a los gobernadores que acompañen, así que se tallarían como mínimo 10, una para cada uno de Juntos por el Cambio.
Una onceava podría ir a manos del anfitrión del acto, el mandatario peronista antiK, Martín Llaryora; y otras dos destinarse, si accedieran a asistir, a los peronistas que colaboran con el Gobierno en el Congreso, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo.
El camino de regreso
El trayecto de Bases en el Senado se perfila difícil. A partir de la semana que viene, cuando se convoque al plenario de comisiones, el oficialismo buscará que se emita un dictamen de mayoría, pero en las filas libertarias admiten que es probable que el PJ logre sacar también uno de minoría. La prueba de fuego estará en el recinto, donde la oposición podría rechazar por completo el proyecto (creen que ese escenario es poco probable), o bien solicitar modificaciones (lo más factible).
Si se cambia apenas una coma, el proyecto regresaría completo a Diputados, donde podría aprobarse tal y como había salido en su primera versión si se logra una mayoría agravada; o sancionarse con los cambios propuestos por el Senado.
Hay temores por el lobby de la empresa local de Pablo Otero, o “señor Tabaco”, como lo llamó Milei, se redoblará para eliminarlo. Pero hay quienes temen también por la reforma laboral, resistida por el peronismo, que buscará sumar apoyo de las fuerzas provinciales; y el impuesto a las Ganancias, que rechazan los gobernadores y senadores patagónicos.
Más allá del contenido de la ley, los libertarios creen que los posicionamientos serán principalmente “políticos”. “Estamos viendo una dinámica nueva por completo. Así como rechazaron un DNU en el Senado por primera vez, no es habitual que se rechace una ley que viene con media sanción de Diputados. Hay algo político, partidario, que busca perjudicar a un gobierno que quiere sentar sus bases”, dijeron en LLA.
Los paquetes de leyes aún están en etapa de revisión en Diputados, por lo que no entraron formalmente al Senado, y la presidenta previsional, Victoria Villarruel, se encontraba desde ayer en San Luis para participar de una actividad local.
Regresará el sábado, cuando a LLA sólo le queden tres días para reunir las voluntades necesarias para obtener dictamen de las comisiones que, estiman, lograrán reunir el martes próximo.
Y tienen unos diez o doce días para convencer a los gobernadores dialoguistas de que instruyan a “sus” senadores” a su favor.
Aunque, en una señal poco alentadora, desde varios distritos del interior le están recordando al Gobierno que no tienen el manejo de todas las voluntades de sus coterráneos.
Quizá para no quedar en la lista negra de Milei, el cordobés Llaryora avisó esta mañana, públicamente, que no tiene ascendencia sobre Alejandra Vigo, que responde al espacio de su otrora aliado y predecesor, Juan Schiaretti (quien es, además, su esposo).
Mientras que la catamarqueña Lucía Corpacci salió a desmarcarse de “su” gobernador, Jalil, que había llamado a “darle las herramientas” al Presidente para gobernar. Algo similar ocurre en el caso de Jaldo, que apoya al gobierno pero tiene una fuerte interna con su antecesor, Juan Manzur, senador, y por extensión con su coterránea aliada, Sandra Mendoza, que se da por sentado que no acompañarán.
