Se trata de Gustavo Tezanos Pinto, que en cuyo establecimiento se encontraron ocho chicos de entre 9 y 15 años ‘encañando’ hojas de tabaco, descalzos y con heridas cortantes en las manos y trabajadores viviendo en condiciones infrahumanas. Tezanos Pinto está denunciado por reducción a la servidumbre y resistencia a la autoridad, entre otros delitos.
Los menores relataron a los funcionarios de la Afip que trabajaban de lunes a viernes, ocho horas diarias, pero que sin embargo no recibían ningún salario por su tarea, ya que, según dijeron “ayudaban” a sus padres.
Los inspectores comprobaron, además, que mientras los padres se dedicaban al desflore del tabaco, los niños hacían el encañado, es decir, atar las hojas en pares. Esta tarea representa un riesgo para la salud de cualquier persona que no cuente con los elementos de protección ya que las hojas de tabaco requieren la aplicación previa de plaguicidas.
La tensión provocada por el encierro obligó a interrumpir el relevamiento pero dos trabajadores adultos contaron que habían comenzado a trabajar en enero y aún no habían cobrado ninguna remuneración por su tarea.
En relación al trabajo infantil, cabe resaltar que la Ley 26.390, modificó la Ley de Contrato de Trabajo y prevé que “se eleva la edad mínima de admisión al empleo a dieciséis (16) años en los términos de la presente. Queda prohibido el trabajo de las personas menores de dieciséis (16) años en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual, y sea éste remunerado o no”.
Por ello, el organismo radicó la denuncia penal y solicitó la urgente detención de Tezanos Pinto por los delitos de reducción a la servidumbre, trabajo infantil, resistencia a la autoridad y privación ilegítima de la libertad de funcionarios públicos.
Como consecuencia del encierro que sufrían, los funcionarios de Afip se comunicaron con la Secretaria Penal del Juzgado Federal 1, Dra. María Alejandra Cataldi, que instruyó a Gendarmería para abrir el candado que cerraba la tranquera y no dejaba salir a los agentes fiscales.
Por las denuncias de la Afip, el titular de la finca podría recibir una pena de entre 4 y 15 años de prisión. La causa está radicada en el Juzgado Federal 1 de Jujuy, a cargo del Juez Mariano Wenceslao Cardozo, Secretaría Penal a cargo de la Dra. María Alejandra Cataldi de Anún, bajo expediente N° 664 / 2014.
Finalmente, cabe destacar que Unicef declara en su página web: “El marco normativo de la República Argentina da cuenta de grandes avances en materia de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.