El pasado 16 de septiembre, en el inicio de las audiencias orales, Gustavo Vera y Gabriela Burgos, una de las referentes de Alameda Jujuy, brindaron su testimonio contra el acusado, Guillermo Adolfo Ros, contador, empresario azucarero, dueño de las empresas Ital Norte y Finca Murcia SRL – donde se produjeron los hechos que ahora se juzgan – y de mucha influencia en el norte de nuestro país.
La justicia formalmente le imputa ser autor del delito de “trata de personas con fines de explotación, bajo el supuesto de reducción a la servidumbre, agravado por abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y por haberse consumado su explotación”, los hechos se extendieron por un período de casi 30 años.
Dos trabajadores, J.C.V. y F.A.A. durante 25 y 31 años fueron obligados a trabajar en condiciones indignas, desde el inicio del vínculo debieron trasladarse a la finca ya que esto fue una condición para poder ser “empleados”, en el lugar les otorgaron una suerte de casilla, donde debieron vivir de forma hacinada, sin contar con agua potable, electricidad, gas y sanitarios acordes.
Un productor irá a juicio por reducir a la servidumbre a dos trabajadores durante más de 30 años
Los testimonios dan cuenta de que debían cumplir funciones durante doce horas diarias, de lunes a lunes, sin vacaciones, ni feriados. Además de no contar con elementos de seguridad, ni indumentaria adecuada para las actividades que debían realizar.
La jueza de Cámara, última revisión previo al inicio de la etapa oral, indicó que la retribución era exigua, alcanzando para julio del 2023 entre $ 79.000 y $100.00 mensuales, montos inferiores al salario de convenio e incluso al salario mínimo vital y móvil de entonces.
La Hermana Gabriela Burgos luego de participar del allanamiento, y de acuerdo al protocolo vigente, elevó un informe a la justicia federal en el cual detalló sobradamente las condiciones de explotación y extrema vulnerabilidad a la que los trabajadores y sus familias eran diariamente expuestos.
Pero su intervención no se limitó a una mera descripción, solicito y articuló con organismos de asistencia para que recibiesen una batería de programas económicos, como psicológicos, médicos y jurídicos. Herramientas que en ese momento aún estaban vigentes en nuestro país.
Posteriormente, continuó acompañando y asesorando a los trabajadores quienes, pese a ser víctimas de trata y explotación, siguieron siendo asediados por el empresario, al punto de desalojarlos y derribar la única vivienda con la que contaban con un tractor de la propia empresa.
Con respecto al juicio oral, la jueza de la Sala II de la Cámara Federal salteña destacó que el cálculo de reparación económica elaborado por los acusadores ascendía a $34.892.716,32 para F.A.A. y $64.388.855,69 para J.C.V., tomando en cuenta el salario de convenio por una jornada legal, las horas extras, el sueldo anual complementario y las vacaciones no gozadas, menos lo percibido durante el período de explotación. Por su parte, la fiscalía solicitó una pena de diez años de prisión efectiva más inhabilitación absoluta.