Por Bernardo Borenholtz El cinco de junio/2026 será recordado como un día histórico, en tanto que en una misma jornada se sucedieron dos hechos trascendentales como lo son el muerte del Indio Solari, por todo lo que significa para una parte de la población en términos transversales, o sea distintas capas, y, a su vez, porque el gobierno de Milei anunció una nueva concesión para la explotación de la mal llamada HIDROVÍA al adjudicársela por 25 años los mismos, que lo vienen haciendo desde 1995, o sea 35 años.
Este hecho, que podría considerarse de luctuoso, se produjo gracias a un decreto de Carlos Menem del año 1995 y establecía un período hasta 2010 y Cristina Fernández por otro decreto ese mismo año, acompañado con la firma de De Vido, Boudou y Aníbal Fernández y con la conformidad de la Sindicatura General de la Nación, la Procuración del Tesoro, una Comisión Bicameral del Congreso y una audiencia pública, lo extendió, por lo cual los concesionarios la usufructuaron finalmente durante treinta y un años con grave perjuicio para los intereses económicos y sociales de la Argentina y de los argentinos.
El contrato original de la Hidrovía funcionó como una cadena de extensiones anticipadas: concebido en 1995 por un plazo de 10 años, fue estirado primero por Carlos Menem en 1997 hasta el año 2013 a cambio de obras de profundización, y posteriormente extendido por Cristina Kirchner en 2010 por otros 8 años, lo que selló su vigencia hasta el año 2021.»
A través del Decreto 113/2010 de Cristina, no solo se extendió el contrato por 8 años más (hasta 2021), sino que se expandió la frontera de la concesión en 654 kilómetros hacia el norte del país, unificando la administración fluvial desde el Río de la Plata hasta el límite con Paraguay.»
Treinta y un años después de que el menemismo delegara el control del Río Paraná, el laberinto legal de la Hidrovía suma un capítulo crítico en este 2026. Con las empresas perdedoras preparando sus artillerías de impugnación en los tribunales, el futuro de la traza fluvial se encamina hacía una posible contienda judicial que promete estirar aún más la historia de los parches de este millonario negocio. Si lo conjetural se materializa se confirmará la afectación concreta de la soberanía real a raíz de las disputas de los intereses corporativos internacionales.
La imagen corresponde al sitio histórico nacional de la Batalla de Punta Quebracho, ubicado en la localidad de Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe.
En la oportunidad de la foto hubo un acto que tuvo lugar el 28 de agosto de 2020, exactamente tres meses antes de la firma del polémico Decreto 949/2020 (emitido el 26 de noviembre de 2020, Alberto Fernández convocó a una nueva participación de empresas nacionales e internacionales en una nueva concesión. En dicha oportunidad pronunció un trascendente discurso en el cual dispuso inspirado en los intereses nacionales concretos respecto de la navegación de la traza de navegabilidad del Río Paraná y otros ríos confluyentes.
Para escenificar Alberto Fernández la escena eligió un lugar y una foto de corte teatral ubicado en Punta Quebracho, sitio elegido deliberadamente por su carga simbólica de soberanía, ya que allí en 1846 las tropas de la Confederación Argentina comandadas por Lucio Mansilla derrotaron a la armada anglo-francesa, revirtiendo la finalmente lucha heroica y derrota de la Vuelta de Obligado, consolidando la soberanía sobre la navegación de los ríos interiores.
El Discurso de Alberto Fernández
En dicha jornada, el entonces presidente encabezó la firma del Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná junto a los gobernadores de las provincias costeras. Los ejes centrales de su discurso y la promesa de «nacionalización/federalización» se estructuraron bajo los siguientes puntos
- Fin del centralismo porteño: Alberto Fernández enfatizó fuertemente una mirada federal. Pronunció frases como «Buenos Aires es una ciudad que nos llena de culpa por verla tan opulenta» y argumentó que era tiempo de que el país creciera desde el interior hacia el puerto.
- La creación de una empresa estatal: Anunció formalmente que la Hidrovía dejaría de estar regida bajo el control absoluto de concesiones privadas extranjeras nacidas en el menemismo. Prometió la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado, una empresa estatal con un 51% de participación de la Nación y un 49% distribuido entre las 7 provincias ribereñas (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa) para que el Estado recuperara el control de la cuenca.
- Cierre integrador: Concluyó diciendo: «Bienvenida Hidrovía, bienvenido que la Hidrovía quede en manos de las provincias que disfrutan de ella», asegurando que sería un canal de desarrollo definitivo para los productores del norte argentino.
Las propuestas de ese discurso del 28 de agosto quedaron contradichas noventa días después, algo parecido a lo ocurrido con VICENTIN, salvo que en este caso mediaron dos decretos, uno de intervención a la empresa y otro de cese de la intervención.
En noviembre de ese mismo año, el Poder Ejecutivo dictó el ya mentado Decreto 949/20 por el cual certificó, una vez más la abdicación del ejercicio de soberanía, por cuanto volvió a delegar el llamado a una licitación pública internacional, manteniendo el esquema operativo de dragado y balizamiento en manos de corporaciones privadas internacionales y sospechosos socios nacionales.
Al mismo tiempo que se firmó el Decreto 949/2020 el Ministro de Transporte, Mario Meoni luego fallecido, encargado de gestionar toda la licitación, cuando la tarea le correspondía por la Ley de Ministerios a Obras Públicas, este en aras de transparentar la licitación frustrada del año 2021 sumó un convenio de asistencia por 18 meses con la OCDE que, entre costos de consultoría fijos y variables de logística, contemplaba una partida de gran magnitud.
La posterior cancelación del pliego licitatorio dejó al contrato en un limbo operativo, motivando en 2022 el inicio del expediente parlamentario 2843-D-2022, mediante el cual la oposición exigió auditar detalladamente qué porcentaje de esos fondos internacionales llegó a liquidarse de manera efectiva por tareas de asesoramiento que nunca llegaron a aplicarse sobre el terreno.
El promocionado acuerdo de transparencia institucional con la OCDE terminó rindiendo a medias y dejó al descubierto el errático rumbo oficial. Diseñado originalmente para auditar un proceso de 18 meses con un costo fijo de 290.000 euros, la posterior cancelación de la licitación congeló los pagos, ejecutándose únicamente un desembolso inicial de contingencia que rondó el 30% del total.
Por su parte el organismo entregó a las autoridades nacionales manuales sobre integridad, análisis de riesgo y capacitaciones de personal; herramientas de transparencia global que, paradójicamente, terminaron archivadas en un cajón cuando el Gobierno decidió dar de baja la licitación.
PD: datos recopilados con la IA de Google.