La morosidad en la Argentina alcanzó el nivel más alto de las últimas dos décadas, impulsada principalmente por el endeudamiento de los hogares y un estallido de la irregularidad en el uso de billeteras virtuales.
El nivel de morosidad en el sector privado llegó a un máximo del 7,6% en mayo pasado, tras 19 meses de incrementos ininterrumpidos, según reveló un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El deterioro en el cumplimiento de los créditos se concentra con fuerza en las familias, donde el índice de morosidad bancaria escaló del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026. Este incumplimiento responde mayoritariamente al atraso en los préstamos personales (14,9%) y en los pagos de tarjetas de crédito (12,5%), dos rubros que combinados explican el 73% del saldo irregular total.
En las fintech y billeteras digitales la situación resulta aún más compleja: la mora saltó del 7,3% al 29,6% en el mismo periodo, superando el récord registrado durante la pandemia de COVID-19.
El reporte destaca que, de los 20,9 millones de deudores contabilizados en el sistema, 5,8 millones se encuentran en situación de mora, de acuerdo con los registros de la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu).
Respecto al perfil de los deudores, casi 4 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 34 años registran deudas en mora. En la franja de hasta 24 años, la tasa de irregularidad trepa al 40,9%. Por género, la cantidad de morosos se reparte en partes casi iguales entre varones (50,2%) y mujeres (49,8%), aunque se observa que los varones suelen endeudarse más con entidades bancarias y las mujeres con billeteras virtuales.
En la distribución geográfica, las regiones de Cuyo y el NOA presentan los indicadores de incumplimiento más elevados. La Rioja (22,8%), San Luis (20,1%) y Catamarca (20,0%) encabezan el ranking de morosidad, mientras que La Pampa (9,1%) y CABA (10,1%) muestran los porcentajes más bajos.
Por su parte, si bien la morosidad corporativa es menor a la de los hogares (3,0%), sostiene una tendencia ascendente que impacta de manera desigual en el entramado productivo. La construcción lidera como el sector más afectado con un 7,0% de irregularidad, seguido por alojamiento y servicios de comida (6,9%) y las actividades administrativas (5,5%).
El estudio de CEPA contrasta con el diagnóstico oficial, que atribuye la morosidad a la falta de educación financiera, a gastos irresponsables o a la especulación frente a una eventual devaluación. Por el contrario, la investigación concluye que la causa de fondo es la pronunciada contracción del salario real registrado, tanto en el sector público como en el privado, que acumula un retroceso de entre el 8,7% y el 18,7% desde el inicio de la gestión nacional actual.
De esta manera, el endeudamiento refleja una insuficiencia estructural de ingresos y no un consumo irresponsable, panorama que se agrava por las elevadas tasas de interés reales y los escasos controles de riesgo por parte de las plataformas digitales.
Finalmente, el informe advierte sobre las recientes declaraciones del presidente del Banco Central, Alejandro Werning, quien anticipó un nuevo ciclo crediticio más «saludable y selectivo» para impulsar la economía.
Desde CEPA remarcaron que este enfoque implicará que las entidades financieras dejen de considerar sujetos de crédito a quienes refinancian sus deudas, lo que vuelve poco probable que el crédito funcione como un motor de crecimiento en el corto plazo.