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La Cámara Federal de Casación Penal resolvió tratar un planteo de la organización de derechos humanos HIJOS contra el gobierno de Jujuy por haber ejecutado obras en el Cabildo histórico, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura.
El colectivo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la fiscalía federal apelaron el fallo que había dictado la Cámara Federal de Salta autorizando al gobierno de Jujuy a realizar el Proyecto de Recuperación y Puesta en Valor del Cabildo Histórico de Jujuy, en sus dos etapas, “correspondiendo la primera al edificio histórico y la segunda al predio que no comprende al edificio declarado como Monumento Histórico”.
Aquella resolución instaba a las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Jujuy “y/o entidades estatales dependientes que correspondan”, junto a los organismos de Derechos Humano, a “coordinar las reuniones que resulten suficientes para acordar los puntos que se encuentran pendientes relacionados con la ubicación del muro en el que se colocarían los rostros/imágenes de las 144 personas desaparecidas en Jujuy durante la última dictadura cívico militar”.
En la apelación ante el máximo tribunal penal de la Nación, se planteó que el fallo que autorizaba las obras convalidaba “la afectación del derecho a la verdad, a la garantía de no repetición” y no aseguraba la reparación integral de las víctimas del Terrorismo de Estado, “al autorizar el avance de obras que implican la destrucción de un Sitio de Memoria”.
“La reconstrucción del Cabildo Histórico ocasiona un incumplimiento de la ley nacional de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado. Al haber funcionado dicho lugar como un punto neurálgico de represión durante la dictadura, habría perdido el carácter de Cabildo Histórico para ser reconocido como Sitio de Memoria”, sostuvo la apelación.
Ahora, los integrantes de la Cámara de Casación, por mayoría, resolvieron hacer lugar al planteo y analizar el fondo de la cuestión.
Los jueces Alejandro Slokar y Gustavo Hornos coincidieron en que “se han invocado cuestiones de naturaleza federal que permiten habilitar la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia”.
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