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La falta de control del transporte ilegal y la continuidad de ese servicio en la vieja terminal de ómnibus son los puntos centrales de un reclamo que la Cámara de Transporte de Jujuy planteó tanto al gobierno provincial como a la municipalidad capitalina.
Así lo informaron en una conferencia de prensa, donde el titular de la Cámara, Oscar Inklemona, explicó: “Estuvimos reunidos los servicios provinciales y algunos de los servicios urbanos, y estamos evaluando la situación que se creó a partir de habernos trasladado a la nueva terminal”.
Así lo informaron en una conferencia de prensa, donde el titular de la Cámara, Oscar Inklemona, explicó: “Estuvimos reunidos los servicios provinciales y algunos de los servicios urbanos, y estamos evaluando la situación que se creó a partir de habernos trasladado a la nueva terminal”.
Agregó que el principal problema “sigue siendo la falta de control, que hace que el transporte ilegal siga prestando servicio al centro de la ciudad, y nosotros no”.
“Vamos a reclamar tanto a las autoridades municipales como provinciales que se ocupen de este tema, porque queremos una solución que no perjudique al transporte legal”, advirtió.
El hecho de que los remises interjurisdiccionales sigan prestando servicio en la ciudad, levantando pasajeros sobre todo en proximidades de lo que era la anterior termina de ómnibus es, para los transportistas, la clave del problema. Esto, sumado a la falta de control hace que “lo que se iba a desarticular funciona más que nunca, con las trafics y los autos, y se han puesto nuevos quioscos”, señaló.
“Nadie puede hacerse el distraído”, dijo Inklemona, y puso en la lista, además del gobierno provincial y el municipio capitalino, a las intendencias “que autorizan a estos coches pero no los controlan”.
Desde la Cámara de Transporte estiman que este problema les significa una pérdida de aproximadamente un 50 por ciento en los servicios provinciales. “Y ahora, con el traslado, estamos sufriendo un 30 por ciento más de pérdida de las recaudaciones, que ya teníamos disminuidas”, detalló Inklemona, y agregó: “Esto va a impactar en las frecuencias que realizamos, en la cantidad de unidades y finalmente en las fuentes de trabajo”.
En este sentido, dijo que en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) hay preocupación “ya que la ilegalidad no aporta para la jubilación ni para obra social”, y que hay posibilidad de que se produzcan despidos “porque a las empresas que no tienen líneas nacionales y solo viven de las provinciales, esto les repercute”.
