La Cámara Federal porteña dispuso que las denuncias contra el espacio denominado Revolución Federal, que viralizó violentas consignas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se tramiten por separado de la causa en la que se investiga el intento de magnicidio.
La decisión la tomó el presidente del tribunal de apelaciones, Mariano Llorens, quien le dio la razón a la jueza María Eugenia Capuchetti, luego de que ella rechazara la causa en la que se investiga a Revolución Federal y que le había enviado su colega Marcelo Martínez de Giorgi.
«Las constancias hasta ahora reunidas en esta incipiente pesquisa resultan insuficientes para sostener el vínculo pretendido y afirmar la conveniencia del trámite conjunto de los expedientes», sostuvo Llorens en el fallo.
En esa línea, invocó la resolución con la cual la jueza Capuchetti había rechazado quedarse con la causa en la que se investiga a Revolución Federal tras señalar que se trataba de casos que «se circunscriben a personas totalmente distintas y hasta el momento sin vinculación con aquellas que se encuentran imputadas en la causa CFP 2998/22», la del intento de magnicidio.
«El juzgado declinante sólo basó su declinatoria de competencia en función de los escasos elementos de pruebas incorporados hasta el presente, sin siquiera haber efectuado previamente aquellas diligencias tendientes a determinar los extremos de la denuncia», había señalado la jueza Capuchetti cuando entendió que la pretendida conexión resultaba prematura.
Mientras, la causa en la que se investiga a Revolución Federal se encuentra bajo secreto de sumario durante el desarrollo de una serie de medidas de prueba propuestas por el fiscal Gerardo Pollicita tendientes a determinar las vinculaciones y el financiamiento de ese espacio desde el cual se agitan consignas violentas.
Cuando le envió la causa por conexidad a Capuchetti, Martínez de Giorgi consignó que «la presunta actividad ilícita llevada a cabo por el grupo Revolución Federal en su perfil de Instagram, debería ser investigada a la luz de los elementos de prueba reunidos en el expediente CFP 2998/22 y por ende, conjuntamente con el ilícito padecido por la Vicepresidente de la Nación el pasado 1° de septiembre».
«Teniendo en consideración que una de las personas que habría participado en él y que se encuentra actualmente detenida en marco de la causa de mención, días antes concurrió a una manifestación organizada por el grupo», añadió en relación a la denominada «marcha de las antorchas» que ese grupo realizó el pasado jueves 19 de agosto, y que consistió en arrogar elementos encendidos con fuego contra la Casa Rosada.
El magistrado agregó que, en efecto, «no podría descartarse el aporte de tal agrupación en el intento de homicidio de la actual Vicepresidente de la Nación, sea este la instigación de Brenda Uliarte, su auxilio, cooperación o financiación».
En su presentación, el magistrado cita una denuncia recibida por la Policía Federal, en la cual «se hizo saber que en las redes sociales estaba circulando» el perfil de una persona que «atentaría contra la democracia y que incitaría al odio y violencia política, de forma directa al Presidente (Alberto Fernández) y a la Vicepresidenta de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner)».