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El juez penal federal N°1 de Jujuy, Esteban Hansen ordenó la libertad de unas 25 personas que estaban con prisión preventiva en el marco de la causa que investiga hechos de abuso sexual a niñas y adolescentes en un residencial de San Salvador de Jujuy.
La investigación sobre una presunta red que captaba a menores que eran abusadas sexualmente en el hotel Ranny se había iniciado en el fuero provincial, pero el 18 de diciembre pasó a la justicia federal.
La decisión de cambio de fuero fue tomada por el Tribunal de Revisión, a partir de un planteo de la Defensoría de Niños, Niñas, Adolescentes, ante la presunción de que se trataba del delito de trata de personas. Se basó en lo dispuesto en el Protocolo de Palermo, un acuerdo de Naciones Unidas que busca prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, y se centra especialmente en la protección de mujeres y niños.
El fiscal federal de Jujuy Federico Zurueta pidió entonces al Ministerio Público de la Acusación (MPA) que le remita todas las actuaciones. Tras analizar el expediente, el magistrado federal ordenó la libertad de todos los detenidos.
Se trata de unas 25 personas que estaban con prisión preventiva, acusadas de los delitos de grooming, corrupción de menores y abuso sexual con acceso carnal. Entre ellas estaban una mujer y el dueño del hotel Ranny, Raúl Ruarte. Un empleado del establecimiento apareció muerto días después de las primeras actuaciones, y según un informe forense se habría quitado la vida.
Para justificar la liberación de los detenidos, desde el fuero federal señalan que MPA habría administrado mal la causa, lo cual genera preocupación sobre la posibilidad de que quede trunco todo el proceso.
La investigación se inició a partir de la denuncia de una madre que en diciembre de 2023 descubrió que su hija atravesaba una situación de grooming. A partir de allí se descubrió a una banda que se dedicaba a la captación de menores de edad, mediante engaños, a quienes llevaban a un residencial de la zona de la vieja terminal donde eran abusadas sexualmente.
Fiscales en la mira
Ahora, la Procuración General del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de Sergio Lello, le pidió a la Auditoría General de Gestión del organismo que evalúe la actuación de los fiscales Rodrigo Fernández Ríos y Walter Hugo Rondón en la causa.
El objetivo sería determinar si existieron posibles causales de mal desempeño en la tramitación del expediente.
La Auditoría General de Gestión del MPA, a cargo de Esteban Zamar, según la normativa vigente «tiene como misión velar por la transparencia y eficacia de los procedimientos internos, garantizando el cumplimiento de los deberes funcionales de los fiscales y otros operadores judiciales».
En noviembre pasado, los fiscales Fernández Ríos y Rondón expresaron en conferencia de prensa que la causa no debía pasar al fuero federal porque los delitos que se estaban investigando no eran competencia de la justicia nacional.
Explicaron además que la organización investigada era “de gran magnitud” y que creían que detrás existía una asociación ilícita que operaba en distintas localidades jujeñas.
