La causa por la represión de 2023: “Morales y sus funcionarios tienen las manos manchadas de sangre jujeña”

En el marco de la causa por los hechos represivos de junio de 2023, en el contexto de las protestas contra la reforma parcial de la Constitución provincial, la justicia rechazó investigar la participación de los responsables políticos, entre ellos el entonces gobernador Gerardo Morales y su ministro de Gobierno, Normando Álvarez García, entre otros. Actualmente hay 35 efectivos policiales imputados por el delito de «lesiones leves».

La abogada Alejandra Cejas es una de las representantes legales de las víctimas de las represiones del 17 de junio en Purmamarca y del 20 de junio en San Salvador de Jujuy. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), relató: «Se pidió una audiencia para solicitar ante el juez que se investigue la línea que vincula las decisiones de la represión con Gerardo Morales y toda la plana mayor de la policía».

Esa vinculación, aseguró Cejas, «se ha acreditado con videos la participación y la decisión de mandar a la policía a dispararle a los manifestantes por parte de la plana mayor del gobierno de la provincia de Jujuy», y mencionó a los entonces ministros Normando Álvarez García y María Inés Zigarán, además de algunos convencionales constituyentes que por aquellas horas aprobaban el nuevo texto de la Carta Magna.

«Está todo acreditado pero la Fiscalía no quiere investigar y por supuesto, el juzgado no hace lugar, porque son parte del armado político de la provincia de Jujuy», concluyó la abogada.

A su entender, esta situación deja en claro una vez más que en Jujuy «no hay división de poderes ni independencia de los funcionarios judiciales», y mencionó a modo de ejemplo que «en el video que se descubre en la audiencia surge la presencia del fiscal (Walter) Rondón, que parecía un empleado más de Gerardo Morales».

También reveló que «se lo ve a Diego Suárez (quien era secretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad y es el único funcionario imputado en la causa), que cuando da la orden Álvarez García, se pone un casco y sale a disparar».

«Suárez es actualmente funcionario del Ministerio de Producción, entiendo que es el segundo del ministro Abud Robles. Es decir que no es un personal policial o de fuerzas de seguridad que esté autorizado a hacer empleo de la fuerza pública y usar un arma y salir a disparar», advirtió Cejas.

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Imágenes ‘brutales’

Sobre las imágenes que se reunieron, dijo que son «brutales», y agregó: «Es una locura, fue una cacería humana, no se puede definir de otra manera».

«Yo no estuve ese día, en ese horario. Pero es tan indubitable la prueba fílmica y audiovisual que se ha expuesto, que no quedan dudas respecto de la participación y la responsabilidad del Estado en el daño que sufrieron vecinos de la provincia de Jujuy», afirmó.

A pesar de que están presentados pedidos de más de 15 querellas, la justicia hasta ahora solo permitió que participen dos. «Bloquearon todas las participaciones para no tener que responder civil y penalmente en esta instancia», explicó Cejas.

‘Manos manchadas de sangre jujeña’

-En la causa por las represiones, ¿qué dice la Fiscalía?

-La teoría de la Fiscalía es que fue un grupo de policías bajo el mando de un tal Masa, que no sabemos quién es. Y que ellos decidieron disparar. Lamentablemente impera la teoría de la causalidad. Pero nosotros tenemos estudios, formación. O sea, alguien preparó a la policía, alguien los subió a un colectivo, alguien les pagó, alguien les dio las armas y alguien les dio las instrucciones. Porque la policía no actúa sola. Y ese alguien se llama Gerardo Morales, se llama Álvarez García, se llama Rondón, Suárez, Zigarán. Todos tienen las manos manchadas de sangre, incluidos los que ahora miran para otro lado y tratan de gestar la impunidad. Tienen las manos manchadas de sangre jujeña.

-¿La causa está parada?

-Sí, pero va a avanzar, si nosotros seguimos molestando, si Amnistía y los organismos de derechos humanos siguen insistiendo. La fiscalía recibe más de 30.000 mails de todo el mundo, porque hay una causa internacional por el caso de la represión de 2023 en Jujuy. Permanentemente se mandan correos y se piden avances en la investigación. Entonces no saben qué hacer. No pueden hacer lo que hacen con el resto de las causas, taparlas, que la gente se olvide, cerrar, archivar y a otra cosa. Acá no van a poder, porque nosotros representamos a quienes no tienen por qué formar parte del olvido. Junto con un grupo de colegas amigas, tenemos a casi un 80% de los clientes que han sido detenidos, vejados, golpeados, que han pasado un calvario en esa época. Nosotras sabemos cómo fue la verdadera historia, por eso podemos defender a conciencia y sabiendo qué es lo que tenemos enfrente.

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Los fallos que devuelve la Corte

Mientras tanto, y a pesar de las pruebas aportadas, la causa no avanza. «Es negación de acceso a la justicia. Es un encubrimiento ostensible», sintetizó Cejas.

Para la abogada, esta situación debe ser analizada en un contexto más amplio. «Son diez años de este gobierno y no hay imputados, nunca hay un responsable por el saqueo que hay en la provincia de Jujuy. Y para que no haya responsables, tiene que haber encubrimiento por parte de la justicia».

«Esta gente es parte de lo mismo, porque además son nombrados por este gobierno», afirmó, en referencia a la actuación de funcionarios judiciales.

-Cambió la composición de la Corte Suprema de Justicia. ¿No va a cambiar nada?

-No, mientras no tengamos una Corte donde por lo menos haya conocimiento. No pido un Mayer, un Soler, un Núñez, para mencionar a jurisconsultos argentinos. Pero por lo menos que hayan escrito un libro, que hayan hecho carreras judiciales. Yo no le conozco nada de eso a ninguno. Todos vienen del Ejecutivo. Entonces, si tenemos una justicia cooptada absolutamente por el poder político, el resultado nunca va a ser bueno.

-¿Cuál sería la manera de cambiar eso?

-Si van a responder al poder político, entonces que vayan a elecciones, como en México, y que la gente sepa a quién pone. Por lo menos que vayan a elecciones cada cuatro años, que den la cara, que digan ‘en cuatro años resolví estos casos, defendí así a la gente’. Algo. Porque si no, estamos subordinados a que pongan a cualquiera. Y después escriben como escriben.

-¿En qué sentido?

-Lo que está pasando a nivel nacional con Jujuy es tremendo. Todas las semanas la Corte Suprema está devolviendo una o dos sentencias de acá para que revisen y las vuelvan a hacer, porque son desastrosas. La Corte hace lugar a quejas de todo tipo, penal, civil. La provincia de Jujuy tiene una de las tasas más altas en cuanto a devoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se revisen los fallos, porque no tienen fundamento legal. Y este es un problema objetivo, no es algo que uno invente.