Diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución llamado «La Censura Avanza» para expresar su enérgico repudio por la quita de acreditaciones en Casa Rosada a periodistas críticos.
El proyecto de resolución lleva las firmas del jefe de bloque Germán Martínez, Hugo Yasky, Nicolás Trotta, Diego Giuliano, Juan Marino, Lorena Pokoik, Raúl Hadad y Santiago Roberto. Los legisladores argumentan que, en una democracia constitucional, el disenso y la crítica no solo deben ser tolerados, sino activamente garantizados por el Estado.
Los diputados exigen al Ejecutivo “la revocación inmediata de la medida y el libre acceso de las periodistas y los periodistas de dichos medios, observando los principios republicanos de conocimiento por la ciudadanía de los actos del gobierno; a la libertad de prensa, protegida por los art 14 y 32 de nuestra Constitución Nacional y al libre acceso a la información pública, derechos fundamentales que permiten el control ciudadano sobre sus representantes”.
Trabajadores de cinco medios de comunicación fueron impedidos de entrar a la Casa de Gobierno por participar de una supuesta “operación de prensa financiada por Rusia” contra la administración libertaria.
Desde el Gobierno aseguraron que a esos trabajadores de prensa no se les quitó la acreditación, sino que “de manera preventiva hasta que se investigue el caso”, decidieron sacarles la huella de ingreso.
Por otra parte, adelantaron que este martes el secretario de Comunicación de presidencia, Javier Lanari, convocará a los directivos de esos medios de comunicación para “analizar la situación caso por caso”.
De manera sospechosa, sin embargo, solo se les quitó el acceso a periodistas que, además de ser mencionados en esa investigación, trabajan en medios críticos al gobierno. Otros que también fueron mencionados como supuestamente financiados por Rusia, pero que no son críticos a la gestión, sí pudieron ingresar.
Los medios a los que se les revocó la acreditación fueron El Destape, FM La Patriada, Tiempo Argentino, A24 y Ámbito Financiero.
FOPEA rechazó la decisión del Gobierno Nacional en sus redes sociales: «El argumento de que algunos de los medios en los que trabajan esos profesionales fueron mencionados en una investigación sobre presuntas operaciones de desinformación pagadas por sectores ligados al poder en Rusia no resulta suficiente y altera la presunción de inocencia hasta que la Justicia no determine responsabilidades, además de implicar una limitación en el acceso a la información pública,» aseguró la organización.