La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó una contundente advertencia en su Informe Anual 2025, señalando un marcado retroceso en la institucionalidad y la independencia judicial bajo la gestión de Javier Milei. El documento subraya que el desfinanciamiento de programas destinados a género, diversidad y pueblos indígenas, sumado a reformas legales regresivas, configura un escenario crítico para los sectores más vulnerables de la sociedad.
Entre las principales preocupaciones del organismo se encuentran las restricciones a la seguridad social que afectan a jubilados y personas con discapacidad. Asimismo, la CIDH puso el foco en el uso desproporcionado de la fuerza pública durante las manifestaciones, mencionando específicamente la represión sistemática contra adultos mayores frente al Congreso y el despliegue de agentes químicos y balas de goma como herramientas de disuasión social.
Ataques a la libertad de expresión y espionaje
El informe dedica un apartado exclusivo a la situación del periodismo, denunciando un patrón de hostigamiento y agresiones físicas perpetradas, en muchos casos, por funcionarios públicos. La CIDH exhortó al Estado a garantizar la seguridad de los trabajadores de prensa, citando casos de violencia que buscan silenciar el debate público y restringir la labor informativa en contextos de protesta.
En la misma línea, se alertó sobre el Plan de Inteligencia Nacional, el cual facilitaría la vigilancia arbitraria sobre opositores, economistas y periodistas bajo una interpretación laxa del concepto de seguridad nacional. A esto se suma la preocupación por el ciberpatrullaje policial sin orden judicial y la capacidad de las fuerzas de seguridad para calificar y registrar a ciudadanos, lo que genera un peligroso efecto disuasorio sobre la libertad de expresión.
Políticas de memoria y crisis ambiental
En materia de derechos humanos vinculados a la última dictadura, si bien se reconoció la continuidad de los juicios y hallazgos en centros clandestinos como La Perla, la Comisión denunció la pérdida de autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos y el desmantelamiento de políticas de memoria. El retiro de placas conmemorativas y el despido de personal especializado fueron señalados como pasos hacia el debilitamiento de la verdad y la justicia.
Finalmente, el organismo internacional calificó como una regresión ambiental las modificaciones en el manejo del fuego y la desprotección de glaciares. La CIDH vinculó los incendios intencionales con los intereses del agronegocio y exigió al Estado fortalecer los presupuestos destinados a mitigar riesgos climáticos que afectan desproporcionadamente a comunidades rurales e indígenas, hoy criminalizadas por defender sus territorios frente a proyectos extractivos.
