El uso de aparatos estatales para hostigar a la prensa es una de las formas en que se condiciona el ejercicio del periodismo, según se manifestó en la audiencia pública sobre Libertad de Expresión realizada en la Universidad de Miami en el marco del 194° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La reunión se realizó a pedido de organizaciones y organismos de derechos humanos de Argentina, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Fopea y Amnistía Internacional.
“Estamos interesados en hacer una visita, dijo el presidente de la CIDH, el mexicano José Luis Caballero Ochoa, al cierre de la audiencia, y reivindicó los aportes históricos de la Argentina en la construcción del sistema interamericano de derechos humanos.
Entre el año pasado y el actual, la CIDH emitió cinco comunicados sobre la libertad de prensa en la Argentina y celebró una audiencia sobre la situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión.
‘Destruir el rol social de la comunicación’
Francisco “Paco” Rabini, dirigente de Sipreba y Fatpren, resumió: “Atacan a los periodistas y a los trabajadores de prensa porque quieren destruir el rol social de la comunicación”, y remarcó que «desde hace dos años en nuestro país la libertad de expresión y de prensa están siendo atacadas de forma constante y planificada».
«Es la primera vez que, en democracia y desde la conducción del gobierno, se diseña, dirige y alienta una campaña de ataque contra los periodistas y trabajadores de prensa», repasó Rabini. En este sentido, citó la frase del presidente Javier Milei, “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, y advirtió que esa y otras frases similares tienen consecuencias concretas.
El secretario de Sipreba explicó que los insultos y descalificaciones no solo buscan atemorizar, disciplinar y silenciar a quienes trabajan en los medios, sino que también habilitan ataques y agresiones físicas. Como ejemplo, mencionó el caso de dos fotógrafos de Tiempo Argentino y Clarín perseguidos con un cuchillo durante la cobertura de un acto de Milei, y la agresión sufrida por el periodista y dueño de El Destape, Roberto Navarro.
Represión y asedio judicial
Rabini sostuvo que la represión sistemática a trabajadores de prensa mientras cubren protestas sociales es la traducción de esa política gubernamental.
Detalló que en cada marcha las fuerzas de seguridad disparan balas de goma y gases contra los profesionales, y reveló que solo en la manifestación del 1° de febrero de 2024 contabilizaron 52 trabajadores de prensa heridos. Se refirió al caso más grave, el del fotógrafo Pablo Grillo, quien en marzo quedó al borde de la muerte por una granada de gas disparada a su cabeza y que aún sigue luchando por su vida.
Aclaró que todos los casos habían sido denunciados ante la Justicia.
Otra forma de asedio del poder estatal son las denuncias judiciales del propio Presidente contra periodistas que publican notas críticas. Rabini calificó estas demandas como acciones sin sustento, que terminan desestimadas por la justicia, y afirmó que su único objetivo es acallar.
Como prueba de la defensa colectiva de la prensa, recordó que una nota judicializada por Milei contra Ari Lijalad (El Destape) fue republicada con la firma de más de 600 periodistas.
Ataque a medios y precarización
En su exposición, el sindicalista también denunció el desguace de los medios públicos, particularmente el servicio periodístico de la agencia nacional de noticias Télam, considerándolo un atentado contra la libertad de expresión y contra el sistema federal de medios. Manifestó que Radio Nacional, la Televisión Pública y las señales educativas fueron vaciadas y sus trabajadores padecían un congelamiento salarial.
Alertó que los medios comunitarios también son blanco del ataque gubernamental con la eliminación de planes de fomento y el redireccionamiento arbitrario de la pauta publicitaria, lo que provoca el cierre o achicamiento de medios, concluyendo que el resultado era una menor pluralidad y diversidad de voces, y por ende, menos libertad de expresión.
Finalmente, aseguró que los trabajadores de prensa se ven afectados por las políticas económicas del Gobierno, resultando en un periodismo totalmente precarizado que no cuenta con las condiciones necesarias para ejercer una profesión fundamental para la democracia. Concluyó que los ataques buscan destruir el rol social de la comunicación, que tiene la capacidad de cuestionar al poder y a un modelo económico, social y político excluyente.
El testimonio de Julia Mengolini
Tras la exposición sindical, la periodista y fundadora de radio Futurock, Julia Mengolini, agradeció estar frente a la Comisión, recordando su labor con las víctimas de la última dictadura militar.
Mengolini relató lo que significa vivir y trabajar bajo un gobierno que usa el poder del Estado para perseguir, humillar y silenciar. Afirmó que, desde la asunción de Milei, el clima para ejercer el periodismo se volvió asfixiante y que lo que comenzó como insultos se transformó en una campaña de odio institucional, orquestada para marcar enemigos, instalar mentiras y destruir reputaciones.
La periodista reveló que en junio de ese año fue víctima de una campaña de difamación y violencia digital sin precedentes, donde se usó inteligencia artificial para crear imágenes y videos falsos de contenido sexual, acompañados de amenazas de violación y de muerte, incluso dirigidas a su hija.
Aseguró que el propio presidente amplificó esas agresiones, publicando casi 100 mensajes en su contra en cuatro días, y que se burló públicamente de ella, justificando la violencia al decir que “se merecía el vuelto”. Insistió en que esa violencia no fue espontánea, sino una estrategia de disciplinamiento estatal para castigar la crítica y generar miedo.
Mengolini añadió que también se usó el poder penal para perseguirla, como en el caso de la demanda que recibió por la cobertura periodística de un conflicto laboral en el Hospital Garrahan.
Al igual que otras dos denuncias que le hizo el presidente, la causa fue desestimada por la justicia.
Para concluir, destacó que las mujeres periodistas sufren una violencia específica adicional—insultos sexualizados, amenazas a sus familias y campañas de desprestigio—, cuyo mensaje implícito es recordarles que su lugar sigue siendo el de objeto de deseo y de burla. Por todo ello, pidió a la Comisión que exija al Estado argentino garantizar condiciones para ejercer el periodismo y que condene el uso de aparatos estatales para hostigar a la prensa.