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Bajo el título «La clandestinidad mata: lamentamos la muerte de una mujer por un aborto inseguro luego del rechazo del Senado», redes de profesionales de la salud y organizaciones de la sociedad civil firman un comunicado tras la noticia de una mujer que falleció a causa de un aborto inseguro en la Provincia de Buenos Aires. Una muerte que se podría haber evitado.
Hoy por la mañana murió A., de 34 años, por complicaciones de un aborto inseguro. Tenía un hijo. Vivía en el municipio de San Martín, en la Provincia de Buenos Aires no muy lejos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en condiciones de extrema vulnerabilidad. Ingresó el 13 de agosto al Hospital Manuel Belgrano, en mal estado general y con un tallo de perejil en el cuello del útero. Le hicieron una histerectomía de urgencia y luego la derivaron al Hospital Magdalena Villegas de Martínez en Pacheco donde hay terapia intensiva. Allí falleció menos en menos de 24 horas.
Hasta aquí podría ser la crónica de la muerte de una mujer durante la gestación por un aborto inseguro. Otra más. Una de las 43 fallecidas en 2016 o de las 3030 desde el regreso de la democracia. Sin embargo, se murió 5 días después que lxs Senadorxs votaron el rechazo del
proyecto de la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo con media sanción de la Cámara de Diputados. 5 días después de que hubo alivios y promesas de muchas acciones a distintos niveles para que las personas entendieran de qué se trata su sexualidad, “aprendan a
cuidarse” y se sientan contenidas. 5 días después de negar que la discusión era aborto legal o clandestino y que el aborto realizado en condiciones seguras no mata. 5 días después de enfatizar una y otra vez que la amenaza de la penalización no disuade a las mujeres y personas con capacidad de gestar de realizarse un aborto sino que las acorrala en la clandestinidad y la inseguridad que a veces sólo es amortiguada por su acceso a recursos simbólicos y materiales.
Cada una de estas muertes es un hecho singular para el entorno de la mujer y también para los equipos de salud que las atienden y cuidan. Muestra las dificultades de los equipos que trabajan en atención primaria porque no tienen los recursos necesarios y porque no todos
cuentan con el respaldo institucional para dar acceso a interrupciones legales del embarazo, a consejería y a métodos anticonceptivos. Muestra la desarticulación de un sistema fragmentado por dependencias administrativas que no proveen la tecnología necesaria (medicamentos para el aborto y/o aspiración manual) para resolver con calidad y oportunidad las solicitudes de aborto. Muestra la desesperación y la urgencia de los equipos en los hospitales ante la imposibilidad de salvar a una mujer en estas condiciones.
La muerte de A. también es producto del ajuste.
El Misoprostol aumentó más de un 400% en tres años. Los abortos en la clandestinidad también aumentaron. Las mujeres somos quienes pagamos los costos de la crisis, el ajuste y las decisiones del Senado.
Somos muches les profesionales de la salud que hace años y a conciencia venimos llevando adelante prácticas seguras que garantizan derechos, promueven el bienestar y evitan la muerte. Si los y las senadoras y la gobernadora no hubieran hecho oídos sordos a nuestros reclamos, si no le hubieran dado la espalda a quienes garantizamos abortos seguros, A. estaría viva. Porque de eso se trata, de evitar muertes evitables. En un país donde ya se produce misoprostol, donde los equipos de salud están capacitados para garantizar prácticas seguras, los representantes y la gobernadora siguen eligiendo la clandestinidad, la exclusión y la mediocridad.
A menos de una semana del rechazo de la Cámara de Senadores del proyecto de ley de IVE y tras la noticia de la muerte de A., seguimos reclamando: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
