El pueblo originario denuncia que en los parajes mencionados, la familia Mendoza ofrece terrenos a la venta y vendieron unos 16 lotes, con una ganancia de más de dos millones de pesos.
También repudian que la comunidad no tiene el servicio eléctrico por una medida cautelar injusta realizada por el Juez Cabana y la empresa Ejesa se escuda para desconocer los derechos colectivos de las comunidades originarias y no brindar este servicio a las familias humildes a pesar de haber pagado el derecho de instalación y cumplido todos los requisitos incluidos los estudios de factibilidad favorables.
Los comuneros se acercaron a preguntarle por qué estaban construyendo y Cristian Rivas respondió que “había comprado el terreno al intendente Félix Pérez, junto a un escribano y a un Juez de Paz”. Luego agregó que él había pagado ciento cuarenta mil pesos por la compra del terreno y que le habían prometido escrituras para antes de fin de año.
Finalmente ese día, Rivas, expresó que se habían vendido otros 16 lotes en esa reunión. La comunidad alertada por esta venta ilegal de tierras, reclama al intendente de Tilcara que respete y reconozca los derechos de los pueblos indígenas en esa zona.
Otra denuncia que realiza la Comunidad Cueva del Inca es la Violencia Institucional de la Seccional 14 de Tilcara, ya que tienen que enfrentar persecución, violencia y criminalización donde distintos integrantes de la comunidad ven con injusticia que son perseguidos, maltratados violentamente y detenidos en algunos casos “por averiguación de antecedentes” bajo instigación de miembros de la familia Mendoza.
La comunidad ya hizo sus denuncias pertinentes, porque es evidente la criminalización que se quiere lograr con los integrantes de la misma. Son varios los hechos donde se demuestra la persecución policial, ya que también desde hace más de un año, en otro injusto procedimiento sin presentar ninguna orden judicial los policías se llevaron las mangueras de la comunidad, la cual impide que hasta ahora varias familias puedan empezar a trabajar por el acceso al agua potable que también se les niega por parte de la empresa privada agua de los andes.