Por Irina Hauser, en Página/12. La Corte Suprema decidió cerrar el año con un respaldo a la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, la primera en denunciar el acuerdo que protagonizó el Gobierno para perdonarle el 98,87 por ciento de la deuda al Correo Argentino, empresa de la familia Macri. El planteo de Boquín logró frenar ese pacto que implicaría una pérdida cercana a los 4 mil millones de pesos –el monto adeudado– para el Estado pero, además, con posterioridad detectó maniobras de vaciamiento de las sociedades controlantes, Socma y Sideco, cuya investigación el grupo empresario apostó a bloquear con cuestionamientos a su actuación e intentos de apartamiento.
La resolución del más alto tribunal, que fue unánime, es clave para la continuidad de ese aspecto de la causa, donde aparecen grandes movimientos de dinero en la firma postal que supuestamente se encuentra inactiva. Es todo un gesto adverso para el Poder Ejecutivo –mientras avanza la causa penal por este tema con un llamado a indagatoria contra el ministro Oscar Aguad– y para los intereses del Correo.
El último acuerdo de la Corte en 2018 tuvo un tono más amable que el que se esperaba entre los supremos, que se juntaron a las cuatro de la tarde y resolvieron firmar decenas de fallos y empezar a discutir una agenda para 2019 (ver aparte). La semana pasada había estado marcada por la sentencia contra la Anses, a favor del reclamo de un jubilado que se extenderá a otros 150 mil, y por la acordada con la que Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda resolvieron limitar el poder del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, al establecer que las decisiones administrativas y de superintendencia ya no las podrá tomar él por su cuenta sino que requerirán las firmas de tres de los cinco jueces. En el medio hubo amenazas de denuncias de Rosenkrantz hacia el resto y de Elena Highton hacia Lorenzetti, a quien acusó ante terceros de presionarla, pero fueron perdiendo cuerpo.
El fallo que respalda a Boquín tiene apenas diez renglones pero una vital importancia. El Correo, de la familia Macri, planteaba su falta de “legitimación” para pedir medidas de prueba, como peritajes de los libros contables de las empresas Socma y Sideco, y lo que hizo la Corte –desde el punto de vista formal– fue rechazar el recurso extraordinario porque no estaba dirigido contra lo que en Derecho se llama “sentencia definitiva”. El efecto práctico de la decisión es que Boquín podrá continuar interviniendo y avanzar con algunos pasos fundamentales de investigación, aún en el contexto del concurso de acreedores.
El caso del Correo tiene, a esta altura, tres aristas diferentes:
- En el expediente comercial, que lleva 17 años, el Correo debe pagar su deuda. Intentó hacerlo en todos estos años cuatro veces con fórmulas que el Estado rechazó por inconvenientes. Recién con el gobierno de Macri el Gobierno aceptó una oferta que era calcada de la última presentada bajo la administración anterior. La aceptó un representante del ex Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, y terminó frenada cuando la fiscal Boquín denunció que era “ruinosa y abusiva” por implicar el perdón que la deuda casi completa. El presidente Macri, ante el escándalo, mandó a dar marcha atrás, pero luego el propio Estado promovió nuevas dilaciones a favor del Correo. Aún no hubo nuevo acuerdo por la deuda.
- Por aquel pacto hay expediente penal, en el que el ministro Aguad fue citado a indagatoria, junto con Mocoroa, el ex titular de Correo Jaime Cibils Robirosa y el abogado de la empresa Jaime Kleidermacher. Están imputados por negociaciones incompatibles y administración fraudulenta. El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que los funcionarios pactaron con el Correo antes del acuerdo en tribunales. Kleidermacher es el abogado que impulsó el apartamiento de Boquín.
- La cuestión del vaciamiento es clave. Las primeras maniobras fueron detectadas también por Boquín. Ella advirtió que habían existido retiros de fondos de las cuentas del Correo en medio del concurso de acreedores, con la posible anuencia de la jueza de primera instancia, Marta Cirulli, durante 2016, en plenas negociaciones para el acuerdo denunciado. En un dictamen, la fiscal señaló retiros por al menos 10 millones de pesos “en beneficio de otras empresas del grupo” y en “perjuicio de las cuentas del concurso”. La empresa está inactiva, lo cual era doblemente llamativo. Boquín pidió peritar los libros de Socma y Sideco –empresas clave del grupo Macri–. La jueza sólo quiso peritar los del Correo, con síndicos. La fiscal insistía en analizar todo, con peritos de la Corte, o ajenos al proceso en cuestión. Y fue en medio de esa pulseada que la empresa de los Macri comenzó a intentar sacarla del juego y cuestionar su legitimación. La decisión de la Corte Suprema de respaldarla debería despejar el camino para esa investigación crucial sobre el verdadero papel de esta empresa.
Otros asuntos
Entre otros asuntos resueltos por el tribunal ayer, hay un rechazo a un planteo de Cristina Fernández de Kirchner que cuestionaba el sorteo del Tribunal Oral Federal 2, que la juzgará por supuesto direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz.
También fue desestimado un planteo del ex secretario de Obras Públicas José López, que pretendía su excarcelación en la causa por enriquecimiento ilícito.
Fue rechazado un planteo de recusación del sindicalista Marcelo Balcedo (detenido en Uruguay) contra el juez Ernesto Kreplak.
Quedó confirmado el sobreseimiento de Diego Bossio y el tribunal rechazó planteos de excarcelación de Gladis Díaz y Mirta Guerrero en una de las causas contra Milagro Sala.