El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, en una votación histórica reconoció la parcialidad y la persecución política ejercida por el exjuez Sergio Moro contra el expresidente Luiz Inácio «Lula» da Silva, quien de esta manera obtuvo la anulación de su condena a 8 años de cárcel, por la cual estuvo 580 días preso y fue inhabilitado para ser candidato presidencial en 2018.
La votación, que terminó 3-2 en favor de un recurso presentado por el fundador del Partido de los Trabajadores (PT), demuestra la existencia del lawfare y representa una derrota hiostórica para la operación Lava Jato y para el bolsonarismo.
Se trata de la segunda victoria de Lula frente a Moro, dado que la semana pasada el juez Edson Fachin le quitó a la operación Lava Jato el caso del expresidente por cuestiones de jurisdicción.
Esta vez votaron a favor de Lula los jueces Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski y Carmen Lúcia Antunes, quien cambió su posición al considerar que desde 2018 se conocieron los abusos de Moro contra el líder del PT, aunque pidió que esta decisión no sea extendida a todos los otros condenados por el Lava Jato.
En contra de Lula Fachin y Kassio Nunes Marques, éste último designado por Bolsonaro.
Los jueces que aceptaron el hábeas corpus entendieron que Moro cometió ilegalidades en la instrucción del proceso, usando arbitrariedades y hasta la pinchadura de teléfonos del equipo de abogados del expresidente.
«A mi entender, todos los casos en los que actuó Moro contra Lula deben ser anulados porque la parcialidad es de persona a persona; si él es considerado parcial para un caso, lo es para todos», explicó el abogado criminalista Luciano Quintanilha de Almeida, del estudio Vilardi & Associados, de San Pablo.
De todos modos, la anulación de los casos de diferentes jurisdicciones deberá ser votada a partir de fin de marzo por el pleno del STF, ocasión en que sí se podrían anular todos los procesos contra el expresidente, quien actualmente está autorizado para participar de las elecciones de 2022.
La causa
Lula estuvo 580 días preso en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, donde estaba radicada la operación Lava Jato, con una condena en tres instancias.
Filtraciones hechas por un hacker mostraron el complot de Moro y el equipo de fiscales del Lava Jato, dirigido por Deltan Dallagnol, durante el cual se pergeñaron diferentes persecuciones contra dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) y la familia de Lula, a quien llamaban «Nine», burlándose de la pérdida de un dedo del expresidente mientras trabajaba como tornero.
En su voto, el juez Mendes, el más crítico del Lava Jato, operación que comparó con la Stasi y la justicia del stalinismo, también se preguntó: «Después de todo esto, ¿alguien le compraría un coche usado a Moro?»
El exjuez pasó a ser ministro de Justicia de Bolsonaro y antes de las elecciones que ganó el actual mandatario filtró a la prensa una delación premiada del exministro de Economía, Antonio Palocci, supuestamente perjudicando al PT.
Moro renunció en mayo de 2020 y ahora es socio de Alvarez & Marsal, estudio jurídico estadounidense que administra la quiebra de Odebrecht, empresa eje de la operación Lava Jato, con 78 exejecutivos convertidos en delatores premiados.