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La Suprema Corte de Justicia de Jujuy resolvió suspender el debate oral y público que estaba agendado para comenzar el próximo 26 de octubre, en la causa contra 19 dirigentes e integrantes de organizaciones sociales imputados por las manifestaciones de junio de 2023 en contra de la reforma constitucional.
La decisión del máximo tribunal provincial se dio a conocer luego de que las defensas de los acusados informaran formalmente sobre la existencia de conversaciones avanzadas con la Fiscalía con el objetivo de alcanzar una solución alternativa y global al conflicto procesal.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), la abogada Mariana Vargas confirmó la notificación del tribunal y expresó que la suspensión representa un avance clave: «El motivo es que informamos a la Corte que estábamos en conversaciones con la Fiscalía para una solución alternativa. Lo habíamos pedido con una queja ante la Corte y con muchos otros planteos».
«Es un gran alivio para las 19 personas, para sus familias y para toda la comunidad, porque en definitiva era un intento de disciplinamiento del conjunto del pueblo respecto de reclamos justos, como fue el Jujeñazo», agregó.
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Delitos prescriptos
El juicio, cuyo inicio estaba previsto entre el 26 de octubre y el 6 de noviembre a lo largo de diez jornadas, contemplaba acusaciones por «atentado y resistencia a la autoridad», «lesiones leves agravadas a personal policial» y «daños».
Procesalmente, la suspensión del debate oral deriva en la prescripción de los delitos de mayor carga penal dentro de esta causa. Según explicó Vargas, las figuras de «atentado y resistencia a la autoridad» y «lesiones» se encuentran al límite de su plazo legal de persecución. Al frenarse la apertura de las audiencias, ambas calificaciones quedan virtualmente extintas por prescripción.
«Lo que podría estar en debate, que es el tema de la prescripción de los delitos, ahora ya no estaría en debate», precisó la abogada. Y agregó: «Lo central es que hay una decisión, una voluntad política de que no se haga el juicio. Esa es la esencia de la cuestión. Es lo que estábamos buscando y es lo que logramos».
De esta manera, únicamente subsistiría el delito de «daños», imputación que recae solo sobre seis de los acusados. Entre ellos se encuentra el dirigente Santiago Zamora, sobre quien la defensa sostiene contar con registros audiovisuales que demuestran que no cometió ningún perjuicio material, sino que por el contrario intentó resguardar la propiedad ajena en medio de los disturbios.
Juicio a militantes: El objetivo de las defensas es lograr la suspensión del proceso
