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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una serie de fallos en los que declaró la inconstitucionalidad de regímenes provinciales del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Se trata de normativas que aplicaban alícuotas más elevadas a empresas que no tenían radicación productiva local. Las decisiones alcanzan a las provincias de Jujuy, Santa Fe y Entre Ríos.
El tribunal hizo lugar a demandas de distintas firmas al considerar que las normas cuestionadas afectaban el principio de igualdad y obstaculizaban el comercio entre provincias, entrando en tensión con la Constitución Nacional.
Límites a la potestad tributaria provincial
Los fallos consolidan el criterio de que no pueden establecerse diferencias tributarias basadas en el origen geográfico de la producción. El punto central fue la evaluación de leyes que fijaban alícuotas más altas para contribuyentes cuya producción se realizaba fuera del territorio provincial.
Según el tribunal, este esquema implicaba una discriminación incompatible con la prohibición de establecer «aduanas interiores». Los jueces señalaron que este tipo de regulaciones altera la corriente natural del comercio entre jurisdicciones y afecta el funcionamiento del mercado interno.
El caso específico de Jujuy
En el caso de Jujuy, la Corte cuestionó las leyes que imponían una alícuota más alta a actividades industriales realizadas fuera de la provincia. Situaciones similares se analizaron en Santa Fe y Entre Ríos, donde se aplicaban cargas superiores o incrementos progresivos a firmas sin establecimiento local.
En todos los casos, la Justicia concluyó que el criterio de localización productiva como base para diferenciar la carga tributaria resulta inconstitucional.
Impacto en la recaudación y las reglas federales
Los fallos introducen un límite claro a las estrategias fiscales provinciales orientadas a incentivar la radicación industrial mediante penalizaciones impositivas a quienes producen afuera. Si bien la decisión refuerza el principio de mercado interno sin barreras, condiciona herramientas que las provincias utilizan para atraer inversiones.
Para las empresas, esto implica una reducción de la incertidumbre y una posible baja en la estructura de costos para sectores industriales con operaciones distribuidas. Para las provincias, el escenario abre interrogantes sobre la sostenibilidad de sus esquemas de recaudación y podría derivar en nuevos reclamos judiciales y revisiones de los códigos fiscales.
