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Los supremos Rosatti, Maqueda y Lorenzetti firmaron el fallo

La Corte desestimó el pedido del Gobierno en el fallo sobre la rebaja del IVA

La Corte Suprema volvió a darle la espalda al Gobierno al rechazarle un pedido de aclaraciones sobre los alcances de la medida cautelar que cuestionó los decretos sobre reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias y que estableció que el costo fiscal debía asumirlo el Estado Nacional para no afectar fondos provinciales coparticipables. En el tribunal, a tono con otra presentación de las 15 provincias que promovieron la demanda original, la mayoría de los supremos entendió que la presentación del Poder Ejecutivo era una estrategia dilatoria y en el nuevo fallo, aunque breve, fueron durísimos: entre otras cosas, le advirtieron al Ejecutivo que no explicó cuál era la supuesta “complejidad técnica” que alegaba ni las “dificultades” para cumplir con la sentencia. Señalan que debe acatar lo dispuesto.

Dos semanas atrás la Corte hizo lugar a una medida cautelar en la que un grupo de provincias pedía que la decisión de Mauricio Macri de firmar -después de la derrota en las PASO- dos decretos con efecto de “parche” como paliativos ante la crisis económica, no afectara sus fondos provenientes de la coparticipación. Uno de los decretos reducía el IVA a un grupo de alimentos de la canasta básica y el otro implicaba una baja del impuesto a las ganancias. Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda les dieron la razón a estas provincias: Entre Ríos, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, San Luis, La Rioja, Córdoba, Formosa, La Pampa, Catamarca, Chaco, Salta, Santa Fe, Chubut. Los jueces no se pronunciaron sobre la cuestión de fondo, pero ante los posibles efectos de las medidas de Macri exigieron que el Estado compense los costos. En aquel entonces, el presidente supremo Carlos Rosenkrantz votó en disidencia y Elena Highton de Nolasco no opinó. Por esa razón ninguno de los dos participó en la nueva decisión.

En ese contexto, el Gobierno atacó al tribunal. El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo que la Corte rompía con la “tradición de no dictar fallos que puedan tener lectura política” en medio de la campaña. Días después, al referirse a una sentencia contra su cartera que reconocía las indemnizaciones a exiliados durante la última dictadura que la gestión de Macri había limitado, señaló con ironía que la Corte “de tan independiente parece opositora”. A la vez, el Ejecutivo presentó ante los supremos un pedido de “aclaratoria” respecto de la cautelar por los decretos “parche” y una audiencia pública con los gobernadores.

Los cortesanos respondieron con un texto lapidario, que insinúa tratar al Gobierno o sus encargados de este tema prácticamente de ignorantes. “En ningún acápite de su presentación la demandada explica en qué consistiría concretamente esa supuesta complejidad, ni la dificultad en cumplirla, sino que se limita a realizar consideraciones acerca de los beneficios de las medidas adoptadas lo cual, por otro lado, no fue objeto de pronunciamiento por este tribunal”, señala el texto. Y luego viene el cachetazo: “Es dable inferir que, al dictar los decretos cuestionados, el Poder Ejecutivo debió cuantificar sus costos y tener en cuenta sus efectos. Por ello, en el rol que él mismo recuerda de jefe político de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración del país, es quien cuenta con los elementos y potestades tendientes a lograr la efectiva concreción de lo resuelto por el tribunal”. La “aclaratoria”, dijeron los supremos, no corresponde y una audiencia pública es “improcedente” en este punto del conflicto.

Como es evidente que el Gobierno nunca quiso dialogar con las provincias y que los jueces entienden que la finalidad de la presentación era esquivar la cautelar, le dicen que nada “impide el diálogo institucional que las partes, como órganos superiores de nuestra organización constitucional, en cumplimiento del rol institucional que les compete y en atención a los altos fines que tienen a su cargo atender, consideren adecuado establecer”.

Las provincias habían hecho un nuevo reclamo en la Corte para que intimara al Estado para “hacer cesar la incidencia en las arcas provinciales de la aplicación de los decretos” en cuestión (561 y 567 de este año)”. Algunos de los gobernadores, además, empezaron a plantear que se debía aclarar el mecanismo de compensación y devolución de fondos. Pero el tribunal todavía no se expidió sobre esto, mientras el Ejecutivo apuesta a que sea un problema que le quede como herencia al próximo gobierno. Del mismo modo que Macri recibió los efectos de un fallo que ordenó devolver fondos coparticipables deducidos a las provincias para financiar a la Anses desde enero de 2006. Otro tema que quedó pendiente en la Corte fue la presentación de provincias petroleras (Río Negro, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz) por la validez del decreto de necesidad y urgencia que congeló el precio de los combustibles.

Por Irina Hauser, en Página/12

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