Por Alejandro Pairone*. En coincidencia con la movilización convocada por gremios, organizaciones sociales, de Derechos Humanos y el Cecim frente al palacio de los Tribunales para reclamar contra el fallo de la Ley de Tierras, la Corte Suprema de Justicia sorteó este martes dos conjueces para analizar el amparo presentado por un conjunto de asociaciones civiles de Río Negro en el que solicitan la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del DNU 70/23.
El sorteo tuvo lugar a las 16:30 por vía remota debido a que los firmantes del amparo residen su totalidad en la provincia de Río Negro, y culminó pocos minutos después con la designación del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Juan Ignacio Pérez Curci, y del titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, como conjueces para integrar la Corte en este solo caso.
La necesidad de convocar a un sorteo de conjueces pone de manifiesto que los cortesanos Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti no alcanzaron unanimidad de criterios para pronunciarse por este Recurso de Amparo que tienen en su poder desde agosto de 2024 cuando lo recibieron desde la Cámara Federal de La Plata, la que a su vez lo había recibido desde el juzgado federal de Bariloche, donde fue originalmente presentado. El Tribunal platense lo había remitido en un mismo expediente con el de los excombatientes del Cecim, pero la Corte decidió hasta ahora ignorarlo.
La convocatoria al sorteo de conjueces abrió la expectativa de una revisión del fallo que le quitó legitimidad a los excombatientes para impedir la aplicación de la Ley de Tierras, y habilitó la extranjerización sin límites. La fecha elegida para responder el amparo y el contexto crítico hacia el fallo anterior alentaron la idea de una revisión al estilo del 2×1 a los genocidas, cuando en 2018 el tribunal dio marcha atrás con el beneficio que había otorgado a los condenados por delitos de lesa humanidad.
Tal como anticipó Tiempo Argentino, los amparos que la CSJN mantuvo ocultos bajo el radar al fallar en contra de la presentación del CECIM, habían sido presentados el 28 de diciembre de 2023 de manera conjunta en el juzgado federal de Bariloche por la Asociación Civil Árbol de Pie y la comunidad mapuche Lafkenche y la lof Fvta Anecon y acompañados por la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, con el patrocinio de los abogados Martín Palumbo y Ernesto Montecino Odarda. El máximo tribunal los tenía en su poder desde 2024, sin emitir pronunciamiento.
La semana pasada, los abogados presentaron ante la Corte Suprema un petitorio de seis puntos donde reclamaron una “aclaratoria” que revele si el fallo del CECIM también afectaba al amparo presentado originalmente ante los tribunales federales de Río Negro.
Y hoy, el máximo tribunal respondió a Odarda que los amparos se encontraban en la Corte y dispuso que se sorteen dos conjueces para al cuerpo “para lograr el número necesario para fallar”. Esos dos magistrados se sortearon entre los presidentes de las Cámaras nacionales de Apelación en lo federal de la ciudad de Buenos Aires y de las cámaras federales con asiento en las provincias y concluyó con la selección de Pérez Curci y Barroetaveña.
El petitorio presentado el 30 de septiembre hizo hincapié en la legitimidad de los amparistas para litigar en el tema, atento a que la Corte se focalizó en ese exclusivo punto para descalificar a los excombatientes.
“Mientras el pronunciamiento dictado en CECIM examinó la aptitud de aquella asociación para promover la acción a partir de la soberanía territorial invocada como bien colectivo (…) aquí se invocaron específicamente derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente relacionados con sus territorios ancestrales y con la incidencia que sobre ellos podría producir la eliminación del régimen de protección establecido por la Ley 26.737”, expresaba el planteo.
* En Tiempo