La Corte Suprema de Justicia frenó la ansiedad del Gobierno nacional y rechazó el recurso de per saltum con el que la Casa Rosada buscaba saltear las instancias inferiores. Los cortesanos Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz firmaron la resolución dejando claro que no se cumplen los requisitos de «gravedad institucional» ni las condiciones excepcionales que exige el Código Procesal para que el máximo tribunal intervenga antes de tiempo.
Un pedido que llegó a destiempo
La Procuración del Tesoro había jugado esta carta en abril, desesperada por revertir un fallo de primera instancia que mantenía suspendidos 83 artículos de la ley de modernización laboral. El Gobierno quería que los Supremos anularan esa cautelar que le daba la razón a la CGT y cuestionaba la constitucionalidad de la reforma. Sin embargo, para los jueces de la Corte, el planteo terminó siendo «inoficioso», una forma elegante de decir que ya no tenía sentido práctico en esta etapa del partido.
La reforma sigue en pie
A pesar del «no» de la Corte al atajo judicial, el Gobierno puede respirar tranquilo por ahora. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya revocó aquella suspensión que tanto molestaba al oficialismo, lo que significa que la reforma laboral está plenamente vigente mientras continúa el debate de fondo. La pulseada con la central obrera sigue su curso habitual en los tribunales, sin saltos ni privilegios, mientras la CGT insiste en que la nueva norma es un hachazo directo a la libertad sindical y a la progresividad de los derechos sociales.
