El equipo legal a cargo de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó una conferencia de prensa en la que detalló el alcance de la demanda presentada de manera formal ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra. La acción internacional busca que se audite el accionar de los magistrados argentinos intervinientes en la causa Vialidad y se frenen los efectos de la sentencia dictada en el fuero local.
Durante la exposición, los abogados confirmaron la solicitud de tres medidas cautelares (o provisionales) de carácter urgente ante el organismo multilateral mientras se analiza el fondo de la causa:
- Suspensión de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos: orientada a neutralizar la sanción que le impone la proscripción y preservar el pleno goce de sus derechos políticos para participar en procesos electorales.
- Suspensión de la ejecución de la pena de seis años de prisión: impidiendo que la pena privativa de la libertad se ejecute mientras el Comité de la ONU examina las violaciones al debido proceso y la falta de imparcialidad denunciadas.
- Cese de las medidas inhibitorias y patrimoniales accesorias: congelando cualquier otra restricción derivada del fallo mientras se tramita la revisión internacional.
‘Sacar a Cristina de la cancha política’
Durante la rueda de prensa, el abogado Carlos Beraldi remarcó que la sanción aplicada a la exmandataria persigue un fin estrictamente electoral más que reparar un agravio jurídico.
«La pena de inhabilitación perpetua no es un accesorio, es el corazón de la sentencia. Lo que verdaderamente se buscó a lo largo de todo este proceso no fue impartir justicia, sino sacar a Cristina Fernández de Kirchner de la cancha política. No se juzgaron actos de gobierno, se juzgó la legitimidad de un proyecto político a través de los tribunales», enfatizó el letrado.
En esa misma línea, Beraldi subrayó la afectación directa sobre la representación democrática: «Cuando se cercenan los derechos políticos de una lideresa con esta representatividad, no solo se están violando sus derechos individuales; se está violentando de manera directa el derecho del pueblo argentino a elegir libremente a sus gobernantes sin interferencias judiciales».
El Caso Lula y el uso del lawfare
Por su parte, el jurista brasileño Rafael Valim –especialista en la materia y exintegrante del equipo que defendió al actual presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ante el mismo Comité de la ONU– comparó la situación con otros procesos de la región.
«El uso instrumental del sistema de justicia para perseguir y neutralizar a líderes populares es una de las mayores patologías de nuestras democracias contemporáneas. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner vemos un patrón idéntico: se manipulan las normas procesales para crear una imagen de culpabilidad y justificar la proscripción», afirmó Valim.
El especialista remarcó además el impacto institucional de estas decisiones: «La inhabilitación política mediante procesos judiciales viciados transforma a los tribunales en actores políticos no electos. El objetivo no es la aplicación del Derecho, sino la alteración ilegítima de las reglas del juego democrático».
Escrutinio internacional al Poder Judicial argentino
A su turno, el exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y exmagistrado del Tribunal Supremo de España, Javier Borrego, argumentó la necesidad de recurrir a la justicia internacional ante la vulneración de las garantías básicas en el país.
«El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es categórico: nadie puede ser privado de sus derechos políticos mediante procesos que violen las garantías básicas de imparcialidad e independencia judicial. Cuando el juez pierde la neutralidad y actúa con motivaciones de proscripción, el proceso se convierte en nulo desde la perspectiva del Derecho Internacional», sostuvo Borrego.
Finalmente, el jurista español concluyó señalando que «la justicia de un país no puede utilizarse como un mazo para apartar del mapa político a dirigentes que cuentan con el respaldo ciudadano. El escrutinio internacional revisará precisamente esa desviación de poder».
La conferencia completa
