Los abogados defensores de Milagro Sala impugnaron al presidente del Tribunal, Antonio Llermanos, y recusaron al juez designado para resolver esa impugnación, Mario Ramón Puig. Al primero, porque fue objeto de protestas de las que participó la Tupac Amaru, hace 12 años; al segundo, por su estrecha cercanía con la UCR y con el gobierno de Gerardo Morales.
Llermanos es el presidente del Tribunal que deben conducir el juicio que debía iniciarse este miércoles, en el que la dirigente social está acusada del delito de amenazas, por un hecho ocurrido en 2014. El proceso fue suspendido por los planteos presentados por la defensa de Sala.
El juez Antonio Llermanos es el que condenó a Romina Tejerina a 14 años de prisión en junio de 2005. La noche de la condena hubo protestas en la calle, de las que participaron colectivos de mujeres, sindicatos como ATE, la CTA y organizaciones sociales, entre ellas la Tupac Amaru. En el caso de Mario Ramón Puig, que es el juez nombrado para analizar la recusación de Llermanos, se trata de un reconocido hombre de filiación radical.
«Nosotros entendemos que la imparcialidad del juez Llermanos estaría afectada, porque las protestas que se hicieron luego de la condena a Romina Tejerina incluyeron escraches y pintadas en el domicilio particular del juez, y de ese escrache y también de las críticas públicas al fallo participó la organización Tupac Amaru, además de organizaciones de mujeres y otras», relató a El Submarino Radio (91.5) Paula Álvarez Carreras , integrante del equipo de abogados de Milagro Sala.
Esta es la razón por la que entienen que el juez podría estar «mal predispuesto» por haber vivido aquella siutación «como mínimo molesta».
“Tanto la trayectoria personal de Mario Ramón Puig como la existencia de ciertas actividades a las que se lo vinculó en el último tiempo, hacen que su independencia e imparcialidad en un proceso que tiene como imputada a Milagro Sala se encuentren, como mínimo, en serias dudas”, describió el equipo de la defensa al presentar la recusación del magistrado que debía resolver la impugnación de Llermanos.
“De acuerdo a la aproximación unánime a la imparcialidad como condición necesaria del juez, esta debe regir tanto en la faz subjetiva, referida a la actividad del magistrado en el proceso, como en la objetiva, que apunta a la apariencia de imparcialidad que su participación debe generar en las partes intervinientes y en la sociedad en general”, agregan.
Puig es uno de los tres jueces designados para revisar a Llermanos. Los otros dos son Luis Ernesto Kamada y Alejandra Tolaba. Los defensores lo impugnaron por su filiación radical pero también por su sociedad con el gobierno.
Antes de llegar a magistrado, cumplió “las más altas funciones públicas en representación” del Partido, dijeron: en 1985 y 1986 integró la Honorable Convención Constituyente de la Provincia de Jujuy como miembro de la Unión Cívica Radical; en las elecciones generales del 14 de mayo de 1989 fue elegido diputado provincial por el mismo espacio, y actualmente es titular de un estudio jurídico contable en sociedad con José María Palomares, titular de la empresa estatal de energía Jemse.
La defensa de Milagro Sala denuncia que la empresa extranjera Talesun, con la que Jemse suscribió hace pocos meses una serie de contratosconstituyó domicilio en el estudio jurídico contable de Palomares y Puig. Más allá del “escándalo público que produjo la aparente intromisión de negocios personales en negocios estatales -señalan los abogados–, lo importante, a los fines de esta presentación, es que Mario Ramón Puig es propietario de un domicilio utilizado por una empresa extranjera que trabaja directamente con el Poder Ejecutivo Provincial, a cargo de Gerardo Morales”.
El cuadro lo completan con otro dato: el estudio también es domicilio legal de una sociedad llamada Cauchari Sociedad Anónima y en cuyo directorio está un hermano de Morales.
Los letrados dicen que es «inadmisible que un conocido miembro de la Unión Cívica Radical intervenga en un proceso que tiene como objeto su juzgamiento” porque desde “la asunción de Gerardo Morales la Unión Cívica Radical de modo orgánico se ha manifestado a favor de la detención de Milagro Sala y la ha adjetivado constantemente con la más amplia gama de calificativos denigrantes y mendaces”.
El juicio
El Tribunal en lo Criminal Nº 2 había fijado los días 6, 7, 14 y 15 de este mes para la realización de las audiencias de debate del juicio oral y público en el que Milagro Sala está acusada como supuesta autora del delito de amenazas, dos hechos en concurso real.
La causa se inició en octubre de 2014 cuando Natalia Vargas, la hija de María Molina, integrante de la Tupac Amaru y cercana a Milagro Sala, encontró en un puesto de una feria algunas ropas que le habían robado a su madre tiempo atrás. Dos meses antes, Molina había denunciado que le habían sustraído la cartera con las llaves de su casa.
Ese día, en la feria, fueron detenidas la vendedora y también Natalia, y las llevaron a una comisaría. A los pocos minutos los oficiales liberaron a la acusada y dejaron demorada a Vargas. Según denunciaron Milagro Sala llamó a la Seccional 56 para amenazar a los oficiales a cargo.
En una de esas amenazas, Sala habría manifestado que, de no cumplir con su exigencia, “van a tener noticias porque voy a poner una bomba y voy hacer volar a todos”.