Por parte de la compañía, participaron de la reunión el denunciante y gerente de relaciones laborales del ingenio, Marcelo Di Paola, y uno de los integrantes de la nueva conducción, Carlos Samman, quienes a través del representante legal, Sebastián Alsina, hicieron la propuesta de levantar la suspensión: se comprometieron a pagar los días de sanción y el presentismo de los dos meses que no pagaron, y eliminar del legajo de Egüez todo lo labrado por la sanción.
Las abogadas del Ceprodh, Natalia Peñaloza y Maia Hirsch, comentaron: «Exigimos que constara en actas que toda esa suspensión que se declara ilegal, había sido parte del operativo de la empresa, en medio de un conflicto sindical en el cual el Gobierno había anunciado (antes que salga la Ley) un proyecto para despedir a 811 trabajadores; y que por eso, no fue suspendido solo Egüez sino también sus compañeros y muchos de ellos lo acompañan en las causas penales”.
Sin embargo, el juez Hugo Herrera se negó a incorporar este punto aduciendo que se trata de una causa individual; con lo cual le quita el marco en que el ataque ocurre, una forma de justificar las suspensiones de los otros trabajadores y las causas penales que siguen vigentes.
Durante la audiencia, Egüez manifestó que la empresa provocó un daño económico y moral no solo a él sino a todos sus compañeros que sufrieron descuentos y atrasos en el pago de sus cuentas, y sobre todo una persecución a los trabajadores que denunciaron las irregularidades de los jerárquicos.