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La Fiscalía pidió perpetua para los expenitenciarios y exmilitares

pelazzo-snopekEl ministerio público fiscal solicitó al Tribunal Oral Federal Nº 1 de Jujuy, la pena de prisión perpetua para los seis procesados por diversos delitos, entre ellos, homicidios, secuestros y tormentos, durante la audiencia que se celebró hoy, en el segundo juicio por los crímenes de lesa humanidad, que se lleva a cabo en la provincia, por siete detenidos desaparecidos durante dictadura cívico-militar-eclesiástica en Jujuy. Tampoco estuvo presente el crucifijo.

 Los fiscales Francisco Snopek y el ad hoc, Pablo Pelazzo, relataron durante su alegato, las circunstancias en las que se produjeron los sucesos, entre los últimos días del mes de mayo de 1976 y el 10 de junio del mismo año en el Penal de Gorriti, donde estuvieron detenidos.

 La fiscalía pidió para Antonio Vargas (quien ya cumple una pena de 25 años en la cárcel de Ezeiza), ex director interventor de la cárcel jujeña, la pena de prisión perpetua por encontrarlo coautor mediato del delito de homicidio doblemente calificado y agravado por alevosía y coautor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y amenazas.

 Para los ex integrantes del servicio penitenciario local, Carlos Alberto Ortiz, Ricardo Orlando Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez y Herminio Zárate, solicitó la misma pena por el delito de ser partícipes necesarios del delito de homicidio doblemente calificado y por coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y amenazas.

 Para el ex sargento César Díaz el pedido de pena fue el mismo, por el delito de ser partícipe necesario del delito de homicidio y privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y amenazas.

 Pelazzo fundamentó el pedido de la pena de reclusión perpetua porque “las desapariciones formaron parte de un plan sistemático de aniquilamiento, que fue aplicado en forma perversa para causar el exterminio de los opositores al régimen”, pero también «a sus familiares y por extensión a toda la sociedad”.

 Las víctimas detenidas desaparecidas, son Dominga Álvarez de Scurta, Osvaldo José Garibaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara Torres y Jorge Turk Llapur, quienes padecieron torturas y tormentos, en los Centros Clandestinos de Detención de la Policía, de la Cárcel Provincial y otro que estaba ubicado en el paraje Guerrero, al norte de esta capital.

 De las siete víctimas, el único cuerpo que fue recuperado es el de Álvarez de Scurta, encontrado enterrado en el cementerio de la localidad de Yala como NN y reconocido por familiares por su tapado e identificado por un empleado de la morgue del Hospital Pablo Soria.

 Ambos fiscales dejaron en la claro, la actuación que hizo el obispo diocesano de Jujuy, José Miguel Medina, quien iba casi todos los días a la cárcel, y según testimonios recogidos en la etapa probatoria, que las víctimas había sido «llevadas a Tucumán, juzgadas y ejecutadas».

 El Tribunal que preside la juez Fátima Ruiz López, hizo público su «repudio» a la agresión que sufrió la abogada querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María José Castillo, el viernes pasado, por personas desconocidas, que apedrearon su casa y causaron daños en ventanas, luego que alegara la semana pasada y se sumara al pedido de prisión perpetua para los imputados.

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