Por Ingrid Beck*. Las plataformas digitales, en particular las redes sociales, fueron centrales para la masificación global de los feminismos. Movimientos como Ni Una Menos en la Argentina en 2015 y sus repercusiones en América Latina y el Caribe y, dos años después, Me Too en los Estados Unidos, con altísima resonancia mundial, dan cuenta de la importancia de los espacios virtuales para los activismos y las activistas.
El movimiento de mujeres y de la diversidad creció en términos numéricos y, sobre todo, provocó cambios culturales que no se detienen. Ese crecimiento también obedece a las voces de activistas feministas –sobre todo comunicadoras y defensoras de derechos humanos– que ganaron espacio en el territorio digital y en las redes sociales. Su participación abrió conversaciones sobre distintos temas de la agenda de género y derechos humanos, acompañó grandes avances en políticas públicas concretos y también detuvo intentos de retrocesos.
Sin embargo, estos avances en la participación pública de las mujeres desataron, en los últimos cinco años, una reacción brutal especialmente contra comunicadoras, defensoras de derechos humanos y políticas.
La violencia de género en línea aumentó exponencialmente y se multiplicaron los modos en que se manifiesta: el ciberacoso, la suplantación de identidad, la publicación de datos personales, el desprestigio, la difamación o la descalificación, las extorsiones en línea, las amenazas de judicialización, los comentarios xenófobos, racistas y machistas en ataques masivos, coordinados, en ocasiones con probada participación de figuras relevantes de los tres poderes de los estados.
En la actualidad, las mujeres con incidencia en la opinión pública sufren ataques de forma persistente que tienen impactos negativos en la libertad de expresión, la participación en el debate público y, en consecuencia, en la calidad de la democracia. Es que la violencia en línea por razones de género tiene como objetivos centrales callar voces, disciplinar, aleccionar y generar temor. Las consecuencias son personales y sociales: las atacadas se retiran de la conversación y el debate público.
Las plataformas digitales son, para todas estas mujeres, los espacios de expresión y difusión de su actividad profesional. Como ocurre con los activismos, el terreno donde han logrado –individual y colectivamente– construir su voz pública es también donde son hostigadas sistemáticamente.
Un problema de estudio
De un estudio cualitativo reciente sobre violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública y su impacto en la libertad de expresión publicado por ONU Mujeres y la Alianza Regional para la Libertad de Expresión–el más extenso hasta el momento en América Latina y el Caribe– se desprenden patrones similares en las formas en que se ejerce la violencia de género en línea contra las mujeres con voz pública. Las diferencias son de grado pero con un común denominador: las amenazas se producen en el mundo virtual –aunque no pocas veces pasan al mundo offline– pero los efectos son reales, y en todos los casos se ve afectada la libertad de expresión.
En el informe Ciberviolencia y Ciberacoso Contra las Mujeres y Niñas en el Marco de la Convención Belém do Pará –elaborado por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (Mesecvi) de la OEA y la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Mujeres– se define la violencia en línea como “cualquier acción o conducta en contra de la mujer, basada en su género, que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, económico o simbólico, en cualquier ámbito de su vida, la cual es cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia de las tecnologías de la información y comunicación”.
En este sentido, hablar de violencia online como algo ajeno, separado, distanciado de la violencia estructural por razones de género es un error y una minimización.
Así lo confirma también el trabajo de Unesco ‘The Chilling: Global Trends in Online Violence Against Women Journalists’ (2021), en el que se concluye que la violencia en línea se está “derramando offline de manera creciente, a veces con consecuencias devastadoras”.
El mismo adjetivo, ‘chilling’, utilizó la ex Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de Naciones Unidas, Dubravka Šimonović, en su informe ‘Erradicación de la violencia contra las periodistas. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias’ (2020), dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al describir la manera en que el ciberacoso “no siempre queda limitado a la esfera digital”.
Šimonović alertó sobre cómo este tipo de violencia de género forma parte de la rutina diaria de las trabajadoras de los medios de comunicación, con énfasis en aquellas que informan “sobre cuestiones feministas”. Irene Kahn, Relatora Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, subrayó en la introducción a la serie de ensayos testimoniales ‘JournalistsToo. Las periodistas toman la palabra’ (2021) que las comunicadoras son atacadas porque “se atreven a alzar la voz”, y habló de “censura de género”.
Entonces queda claro que las comunicadoras, las políticas y las defensoras de derechos humanos son atacadas por su condición de mujeres con voz pública.
El informe de Unesco destaca que existe evidencia de ataques coordinados contra mujeres periodistas, y de la participación de políticos y gobernantes en generarlos, instigarlos o, como mínimo, alentarlos y promoverlos.
La dimensión que ha tomado la violencia en línea es un problema global, con características particulares en cada región o país. La situación geopolítica, la participación de dirigentes políticos y funcionarios en los ataques, el papel que asumen los Estados, las redes de apoyos con las que cuentan las atacadas y los alcances offline de la violencia que se origina en línea, entre otros factores, marcan diferencias de grado.
Las consecuencias más frecuentes de la violencia en línea son el repliegue y la autocensura.
Qué hacer
Hasta aquí un diagnóstico –oscuro– de la situación. Las preguntas que siguen son cómo disminuir la violencia en línea por razones de género, y cómo proteger a quienes la sufren de manera sistemática.
El primer paso es hacerla visible.
Durante el siglo pasado y gran parte de éste, desde los estados, los organismos internacionales y la sociedad civil se generan mecanismos de desnaturalización, prevención y respuesta frente a las violencias machistas más tradicionales de género. Es momento de abordar las digitales, crear conciencia sobre su existencia e idear herramientas para prevenirlas y disminuir su impacto.
Como en todos los casos, el abordaje de este problema es integral e involucra a diversos actores con distintos grados de responsabilidad.
El Mesecvi y ONU Mujeres advierten que “los Estados están obligados a tomar medidas efectivas para crear conciencia sobre la violencia de género en línea”. También señalan las “problemáticas en el actuar” de las empresas, y la opacidad con la que las plataformas manejan la moderación de contenidos y el funcionamiento de sus algoritmos.
Todos ellos, naciones y empresas, tienen la responsabilidad de proteger a las defensoras de derechos humanos, sensibilizar sobre violencia en línea y promover un debate público respetuoso y en paz.
* Publicado en SDG Action, Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN)