Por Raúl Dellatorre, en Página/12. «No hay ninguna duda del papel central que tuvo el litio en la motivación del golpe contra Evo Morales; pero se da por el proyecto de industrialización soberana que viene desarrollando Bolivia, que dejaba afuera a Estados Unidos, más que por el control de la materia prima», sentenció Federico Nacif, sociólogo y docente de la Universidad de Quilmes, donde está al frente de un grupo de investigación sobre el litio en Argentina, Chile y Bolivia. Este último es el único de los tres que desarrolló, a partir de 2008, un proyecto de explotación del litio (llamado, con fundamentos, el «oro blanco») «cien por ciento estatal», y a través de la creación de YLB (Yacimientos de Litio Bolivia), ya logró poner en marcha una planta productora de cloruro de potasio (subproducto del litio) y tiene en estado muy avanzado otra para fabricar carbonato de litio.
«El gobierno había acordado con una firma alemana hacer, en conjunto, una planta industrial para fabricar baterías de litio, bajo control del Estado, socio mayoritario y que además designaría al director de la empresa, garantizando también la transferencia tecnológica y el uso de patentes a favor del Estado boliviano», repasó Nacif. «Pero este proyecto empezó a ser combatido por el Comité Cívico de Potosí (ComciPo), al que absurdamente calificó de «entreguista»; antes de las elecciones, Evo dio de baja el acuerdo con Alemania con el criterio de privilegiar el orden interno, y ahí salió a la luz la verdadera intención de estos grupos: el ComciPo no aceptó la resignación del proyecto y empezó a agitar el pedido de renuncia del presidente», señaló el investigador del Departamento de Economía de la UNQui.
Es importante tomar en cuenta el rol de los comités cívicos en la vida política de Bolivia. Se conforman por departamentos (provincias) como pequeños grupos de empresarios y profesionales, generalmente vinculados a las principales corporaciones pero también con presencia de medianas empresas. No participan de ellos los sindicatos de trabajadores ni pequeños productores (mineros, cocaleros) y son fuertes en los distritos «blancos». Luis Fernando Camacho, presidente del de Santa Cruz, encabezó la agitación que derivó en el golpe de Estado. Marco Pumari, titular del ComciPo, articuló el reclamo de la renuncia de Evo a partir de las acusaciones de «entrega» que le enrostró al gobierno por el acuerdo con Alemania por la planta para fabricar baterías.
Se calcula que las reservas de litio que acumulan los salares del NOA argentino, norte de Chile (Atacama) y SO de Bolivia (Uyuni) representan el 70 por ciento del total mundial. Su aplicación a las baterías de celulares y de autos eléctricos lo convierten en una materia prima estratégica. Así lo interpretó Bolivia y lo expresó en el proyecto nacional de 2008, que prohíbe la participación privada en la explotación primaria (extracción), declarando además al Salar de Uyuni como reserva fiscal. Esta concepción es opuesta a la de Argentina, en la que el litio sigue considerándose un «commodity» (materia prima de exportación, sin restricción para su explotación privada).
Para su industrialización en suelo boliviano, la empresa estatal YLB le compró a Alemania, llave en mano, la planta de cloruro de potasio. Para la de carbonato de litio utilizó un criterio, podría decirse, más «pragmático»: le compró el diseño a Alemania y encargó la construcción a China. La financiación corrió enteramente por cuenta del Banco Central de Bolivia, y el deudor fue YLB. Es decir, no generó deuda externa. La irrupción de YLB en el mercado mundial del litio amenazaba con romper el oligopolio controlado, hasta entonces, por Estados Unidos y China.
Del salar a la batería
Pero el gran salto en este desarrollo estratégico estaba dado por el inicio de la fabricación de baterías. Bolivia ya había dado el primer paso, con la instalación de una planta piloto de investigación y desarrollo en La Palca, Potosí, única en la región (ni Argentina ni Chile tienen algo parecido). Luego vino el acuerdo con la alemana ACI Systems para levantar una planta industrial para fabricar baterías, con una inversión prevista de 1300 millones de dólares. Las condiciones que demandó YLB (control accionario y dirección de la empresa en manos bolivianas, transferencia tecnológica y derecho de patentes también a favor del país sudamericano) se impusieron luego de duras negociaciones, de las que además resultó que el gobierno de Angela Merkel quedara como garante del cumplimiento de la firma alemana.
El acuerdo fue bombardeado desde el principio por fuerzas empresarias de Potosí. «Este acuerdo fue el que salieron a denunciar como entreguista, absurdamente, desde el ComciPo», señaló Nacif a Página 12. «Históricamente, los sectores locales se sustentaban en la exigencia del cobro de regalías, vistiéndolo de reivindicación regionalista», explicó el especialista, que visitó en varias oportunidades la zona y tiene un trato frecuente con las autoridades de YLB como parte de sus investigaciones.
Las regalías son el porcentaje que los concesionarios le pagan a las autoridades locales sobre el valor del mineral extraído. En este caso, las empresas privadas no tuvieron en ningún contrato acceso al litio, por lo cual las regalías no existían. El desarrollo de un proyecto soberano de explotación e industrialización aparecía, así, extrañamente enfrentado a los supuestos intereses regionales.
En realidad, los reclamos ocultaban otras intenciones. Detrás de varios de estos artículos «críticos» aparece el interés de consultoras y promotores de inversiones bursátiles, para los cuales lo cuestionable era que el negocio del litio boliviano quedara lejos de su alcance.
En los meses previos a las elecciones presidenciales de octubre, las denuncias y acusaciones de los medios y sectores económicos de Potosí fueron levantando temperatura. El rechazo se tradujo en revueltas, en las que se acusaba al presidente Evo Morales de «robarse las regalías» del litio de Potosí.
Ante esta situación, relató Federico Nacif a este diario, «Evo toma la decisión de ceder y anula el convenio con ACI Systems, de Alemania, buscando privilegiar cuestiones de orden interno». Lo que se estaba resignando, o postergando quizás, era concretar el gigantesco salto estratégico de convertir a Bolivia en productor y exportador de baterías de litio para coches eléctricos. Un paso atrás excesivo, quizás, supuestamente motivado por la incomprensión de una parte de la población.
Sin embargo, inmediatamente después del paso atrás de Evo, salió a la luz el verdadero propósito de quienes combatían el proyecto de producir baterías. Marco Pumari, presidente del comité cívico de Potosí, rechazó el gesto del presidente aymara y reveló su real intención: reclamó su renuncia. A partir de allí, se puso al lado de Luis Fernando Camacho, líder del movimiento golpista que desplazó a Evo, y se constituyó en su principal aliado.
Los intereses extranacionales, particularmente de Estados Unidos, contra el proyecto soberano de producción e industrialización de litio en Bolivia fueron el combustible del golpe, según observa Nacif. «Si el golpe contra Evo se consolidara, no me cabe duda de que entre las primeras medidas estará la anulación de estos proyectos de industrialización independiente, un mal ejemplo para el resto de la región», sentenció.