Hemos fundamentado sobradamente la legitimidad de nuestros reclamos, basada en la devaluación del peso y la inflación que come el poder adquisitivo y torna insuficiente nuestro salario.
Esta legitimidad ha sido reconocida por todos los partidos con representación parlamentaria en la Legislatura -Radicales, Unidos y Organizados, Lyder y hasta algunos Peronistas-, que incluso hicieron propuestas de solución económica.
El Gobierno Provincial en un intento por desviar el eje de discusión, pretende politizar nuestro reclamo y exhibe nuevamente su poca voluntad para el diálogo de buena fe y el consenso.
Por consiguiente, la excusa de que nos moviliza intereses políticos o internas gremiales es solo una vieja artimaña para patear la pelota a otra cancha y no abordar con seriedad el conflicto.
En esta intencionalidad coinciden el Gobierno, los políticos oficialistas, la supuesta oposición y lo más triste y vergonzoso, hasta algunos gremialistas funcionales.
En medio de una inflación galopante, que crece a una velocidad mucho mayor a los aumentos otorgados, la propuesta del Gobierno constituye una merma o reducción encubierta y continua de nuestros salarios.
Un salario inicial de $4320, ¿resuelve las necesidades de una familia y su derecho a una vida digna? Desde luego que no.
Todo lo que cobramos lo gastamos en Jujuy y gran parte de la economía jujeña, se reactiva cada mes cuando cobran los estatales. ¿Cuál será el destino de los pequeños y medianos comerciantes y empresarios de nuestra provincia, con la pérdida del poder adquisitivo del empleado público? Inevitablemente la quiebra, el cierre y la desocupación de sus trabajadores.
No es demonizando el legítimo reclamo de los trabajadores, ni relatando realidades violentas inexistentes, ni agitando fantasmas de desestabilización, como se va a resolver el conflicto de fondo que es salarial.
Sostendremos con firmeza y convicción nuestra lucha, que se expresará en las calles las veces que sea necesario, a la vez que esperamos del Gobierno una propuesta seria que dé respuesta concreta a las verdaderas necesidades de los trabajadores estatales.