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La jueza Marisa Rondón realizó una inspección ocular en el pueblo de Caspalá, en el marco de la causa iniciada por la construcción de una escuela secundaria en un terreno particular por parte del gobierno provincial. La comunidad rechaza ese proyecto y también las obras de una nueva cancha en un sector donde los primeros trabajos destruyeron patrimonio arqueológico.
El conflicto que motivó la acción judicial iniciada por la comunidad se inició cuando el gobierno provincial encaró la construcción del edificio de una nueva escuela secundaria en un terreno donde había una cancha comunitaria. Pese al rechazo de los vecinos, las obras se pusieron en marcha. Paralelamente, el gobierno comenzó a trabajar en otro terreno para hacer una nueva cancha, pero esas tareas debieron paralizarse cuando las máquinas se toparon y destruyeron material arqueológico, una situación sobre la cual la comunidad ya había advertido.
Este miércoles, la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3, Marisa Rondón, se constituyó en Caspalá para realizar la inspección ocular.
La abogada Silvana Llanes, que representa a la comunidad de Caspalá, detalló las instancias del trámite en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5). «Su señoría, la doctora Rondón, verificó los planos, caminó por el costado de la cancha, vio las casas, hizo un reconocimiento del lugar», describió.
«Fue una muy buena inspección y la jueza estuvo muy predispuesta -consideró la abogada-. Caminó las calles de Caspalá, verificó la cancha, el sector que ella misma manifiesta que ahí no se puede hacer una cancha y que los antigales tienen que ser cuidados y devueltos al pueblo».
Uno de los objetivos fue acreditar que el terreno donde se está construyendo la escuela -que es donde estaba la cancha comunitaria-, está a nombre de María Liberata Apaza. Una de sus herederas, la señora Coronel, le mostró a la jueza dónde está su casa.
El ingeniero perito de parte le explicó a la magistrada por qué no se puede hacer la escuela sobre ese terreno. «Es totalmente relleno, y al tratarse de un lugar sísmico, es un peligro. Si se llega a caer semejante estructura, quién se va a hacer cargo del desastre», planteó Llanes, y recordó en 2020 el pueblo de Caspalá sufrió un temblor de intensidad 5.9 en la escala de Richter.
En 2021, Caspalá fue elegido por la Organización Mundial de Turismo (OMT) entre los mejores del mundo como ejemplo de turismo rural. Este aspecto también fue mencionado durante la inspección. «Se le mostró a la jueza que cuando vinieron de la OMT vieron el paisaje bello a través de la cancha. Y si se hace una escuela de estas características, se va a eliminar el atractivo del lugar», explicó Llanes.
«El daño ya lo han ocasionado. Están destrozando el lugar. Y la lesión está totalmente acreditada», agregó la abogada.
Por otro lado, la jueza verificó que la matrícula de alumnos de secundaria no llega a los 25 estudiantes, con lo cual «lo que están haciendo es un total desperdicio», señaló Llanes.
Después de hacer las verificaciones en el terreno donde se construye la escuela, la inspección continuó en el lugar donde el gobierno pretendía hacer una nueva cancha, a la que presentó como «un polideportivo». Allí, en los antigales que están sobre la propiedad de la familia Cruz, la jueza verificó la destrucción de patrimonio arqueológico.
A partir de ahora, la magistrada debe resolver la suspensión de todas las obras. «Esperamos que sea conforme a derecho, que tenga en cuenta todo lo visto», comentó Llanes, y reveló que Rondón les aseguró que va a resolver con carácter de urgente y que va a pedir medidas, como solicitudes a la Dirección de Inmuebles, entre otras.
«Nosotros como parte actora hemos intentado en varias oportunidades pedir a Inmuebles la documentación del padrón para acreditar nuestros dichos, pero siempre se nos ha negado. Por lo tanto hemos solicitado mediante oficio toda la información, planos, croquis, decretos, todo lo que haya sobre el padrón que es objeto de autos», explicó.
De la inspección ocular participaron también representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que se están ocupando de las denuncias realizadas por la comunidad por violaciones de derechos humanos y hechos de violencia institucional. «Fueron para investigar todos los atropellos por parte del comisionado municipal, y ya que estaban también formaron parte y caminaron junto con nosotros y su señoría por todas partes», relató Llanes.
