El fiscal federal Guillermo Marijuan acreditó la identidad de al menos 8.535 empleados públicos de una decena de provincias que son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, un hecho incompatible.
El funcionario judicial solicitó en noviembre las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social. Hasta ahora solo diez distritos respondieron. Los otros fueron intimados por segunda vez.
Marijuan los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública; así como también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
Hasta la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el mayor programa del ex Ministerio de Desarrollo Social era administrado por el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico, desde la secretaría de Economía Social. Y los ministros que estuvieron a cargo de la cartera fueron Daniel Arroyo, Juan “Juanchi” Zavaleta, y Victoria Tolosa Paz. En las tres administraciones Pérsico siguió a cargo del Potenciar Trabajo.
Son las provincias de Tucumán con 1.145 empleados que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja, con 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, con 128.
La provincia de Buenos Aires es un caso particular. La decisión del reelecto gobernador Axel Kicillof, fue que cada uno de sus ministros cumpla con la manda judicial. Pero lo hacen de manera lenta.
Hasta ahora lo hicieron el Ministerio de Seguridad, 809; Cultura y Educación, 858 y Jefatura de Gabinete, 576. Solo en esas tres áreas ya se identificaron 2.243 personas que cobran el Potenciar Trabajo y son, a la vez, empleados públicos.
El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de esas diez provincias y solicitó la “suspensión y/o baja de planes sociales”, en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como “Caso Coirón Nro. 234746/2023″.
Cada uno de esos beneficiarios estarían en condiciones de ser dados de baja, un hecho que, según la normativa del programa debería ser automático.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello ordenó una “auditoría de cero”. Los datos de Marijuan podrían ser de suma importancia.
Uno de los ejemplos tomados por la fiscalía federal fue la provincia de Jujuy, que registra 652 incompatibilidades. “A través de la maniobra desplegada se provocó un error en el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que, creyendo que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por la normativa, otorgó los beneficios solicitados o mantuvo la vigencia de los ya vigentes, generándose así un desprendimiento de fondos indebido que asciende a la suma aproximada de $ 50.800.000 mensuales”. Esto es $ 609.600.000 anuales.
Siguiendo con la misma lógica, y redondeando las cifras, el presupuesto mensual derivado a los 8.535 empleados de las 10 provincias que hasta el momento aportaron los datos asciende a $ 650.000.000 mensuales; más de $ 7.800.000.000 anuales sin contar con el aguinaldo.
Marijuan solicitó a los fiscales y magistrados de cada distrito “hacer cesar los efectos del delito, me veo compelido a requerir que, una vez impulsada la acción penal, se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa.
De tal suerte se impone, de manera inmediata, la necesidad de hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.
Las provincias que incumplieron
Hasta ahora 14 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no respondieron los requerimientos de la Justicia a pesar de las dos intimaciones que recibieron por parte del fiscal Marijuan.
Se trata de Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Como se explicó, la provincia de Buenos Aires respondió de manera parcial.
En la fiscalía los investigadores evalúan dos posibilidades “o no quieren dar a conocer los datos porque es un hecho escandaloso y que va contra la normativa del Potenciar Trabajo -que establece que la persona que consigue trabajo mientras lo está cobrando queda automáticamente suspendido en su cobro” -, o “están atrasados por el cambio de gobernadores”.
El 25 de octubre pasado Guillermo Marijuan le solicitó a la entonces ministra Victoria Tolosa Paz -actual diputada de Unión por la Patria- la baja de 159.919 personas que cobraban el Potenciar Trabajo y salieron del país en cruceros, barcos, aviones, micros y autos y hasta aviones privados “mientras percibían un beneficio estatal”.
En su investigación preliminar Marijuan detalla que el Estado destinó más de 10 mil millones de pesos mensuales a casi 160 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que no deberían percibirlo. Y afirmó que existe “descontrol en los planes sociales” desde hace 14 años.
El mismo fiscal ya había denunciado penalmente a Tolosa Paz y Emilio Pérsico por las supuestas irregularidades en el otorgamiento del Potenciar Trabajo después de una serie de medidas de prueba que incluyeron las declaraciones testimoniales del ex titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y del ex jefe de Gabinete, Juan Manzur, al descubrirse que, según un informe elaborado por la AFIP, 253.000 beneficiarios cobraban el plan de manera irregular en 2022. En esa oportunidad Tolosa Paz dio de baja solo a 2.243 personas.
