El juez Pablo Pullen Llermanos rechazó el pedido de cese de detención de Nahuel Morandini y Roque Villegas, y además, impuso en una resolución, una “mordaza judicial” a los presos, familiares y amigos, para realizar referencia pública sobre el ex gobernador de la provincia Gerardo Morales, su pareja Tulia Snopek y la hija de ambos.
El magistrado rechazó el cese de la detención de Villegas, ante un pedido de su defensa, a cargo de los abogados Adrián Iconomovich y Sebastián Iconomovich.
Morandini y Villegas están detenidos desde el 4 de enero, imputados por twitear sobre la vida privada de Morales. La denuncia fue realizada por la pareja del ex mandatario, quien fundamenta que las publicaciones en redes sociales lesionaron derechos de la niña.
La justicia inmediatamente ordenó la detención de los dos hombres, quienes cumplen prisión preventiva por 60 días, ordenada por el juez Roberto Assef, en la Unidad Penal N°1 de Villa Gorriti.
Ayer Pullen Llermanos (el mismo que hostigó sin fin a la dirigente social, Milagro Sala, desde que está presa) hizo lugar a un pedido del defensor oficial de Niños, Niñas, Adolescentes e Incapaces, Federico Ruiz Saman, que presentó un pedido de medida cautelar de «protección persona».
El magistrado dictamino «a los imputados Humberto Roque Villegas y Marcelo Nahuel Morandini, y el grupo familiar y de amistad de cada uno de ellos, la prohibición de ejercer actos de violencia psicológica por sí, o por interpósita persona, particularmente la de efectuar expresiones públicas por cualquier medio, utilizando el nombre de las víctimas de autos y/o la referencia de ambas con relación a su progenitor y esposo, respectivamente, e igualmente en el caso de este último, con la utilización de su nombre, o del cargo público que ocupó u ocupare”.
En la feria de enero, el otro juez de control penal, Marco Spinassi, le tocaba el turno, pero horas antes, designan a Pullen Llermanos.
Escrito VG 464865Mientras se realizaba la audiencia virtual familiares de ambos detenidos, protagonizaron una marcha en los alrededores de la sede del Ministerio Publico de la Acusación pidiendo “la libertad de los presos por twittear”.
