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El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo antipiquetes que rigió desde el inicio del actual gobierno y que funcionó como marco de intervención de las fuerzas de seguridad frente a la protesta social.
Tras varios meses de tramitación, el Poder Judicial frenó este lunes uno de los emblemas de la política de seguridad impulsada por la actual senadora, Patricia Bullrich.
El fallo apuntó directamente contra la Resolución 943/23, dictada por el entonces Ministerio de Seguridad en diciembre de 2023. Para el magistrado, el Ejecutivo utilizó una resolución administrativa para avanzar sobre atribuciones que corresponden al Poder Legislativo, lo que configuró un exceso de competencia y una violación al ordenamiento jurídico vigente.
En su escrito, el magistrado fue explícito al marcar el límite institucional. “La Resolución 943/23 conforma un exceso en la competencia otorgada al PEN por nuestro ordenamiento jurídico, ya que bajo la apariencia de instruir al personal está legislando”, sostuvo el juez, al tiempo que señaló una intromisión directa en facultades propias del Congreso.
El protocolo establecía que toda manifestación que interrumpiera el tránsito debía considerarse un delito en flagrancia, habilitando el desalojo o la dispersión inmediata por parte de las fuerzas federales.
Ese punto fue uno de los más cuestionados en la causa, ya que, según la acción colectiva presentada por organizaciones sociales, afectaba de manera directa el derecho a la protesta, la libertad de expresión, de petición y de reunión, todos ellos protegidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos.
La sentencia llegó pocas semanas después de que el fiscal del fuero contencioso administrativo, Fabián Canda cuestionara la falta de fundamentos del Gobierno para dictar el protocolo.
En su dictamen, advirtió que el concepto de flagrancia utilizado no coincide con el previsto en el régimen penal, salvo en casos de delitos comunes cometidos durante una protesta.
El juez también sostuvo que, bajo el argumento de ordenar el tránsito y dar instrucciones a la policía, la resolución llegó a modificar de hecho el Código Penal y las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad, algo que excede cualquier facultad administrativa del Ejecutivo.
El impacto del protocolo quedó reflejado en las cifras. Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), desde su implementación se registraron 1.399 manifestantes heridos, con 750 casos en 2024 y 649 en lo que va de este año.
La aplicación del esquema represivo tuvo uno de sus focos más visibles en las marchas de jubilados de los miércoles, donde se reprimió a personas mayores, trabajadores, periodistas, reporteros gráficos y personas con discapacidad.
Uno de los episodios más graves ocurrió en marzo, cuando el fotógrafo Pablo Grillo recibió un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza, lanzado de manera ilegal por un gendarme durante una represión frente al Congreso. La semana pasada quedó confirmado el procesamiento del efectivo Héctor Guerrero, acusado por ese operativo.
