La investigación fue abierta el 7 de octubre por la Policía Federal por determinación del magistrado Gilmar Mendes, uno de los miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE), según fuentes policiales consultadas por Globo.
El objetivo es establecer si Rousseff y su vicepresidente, Michel Temer, incurrieron en abuso de poder para reelegirse en octubre del año pasado y si la campaña electoral fue financiada con recursos desviados de la petrolera estatal Petrobras.
En una petición que envió en agosto pasado a la Fiscalía y a la Policía Federal, Mendes pidió que se esclarezca si la campaña electoral de Rousseff se benefició de dinero procedente de la red de corrupción que desvió cerca de 2.000 millones de dólares de Petrobras.
El magistrado citó una declaración de un empresario preso por su participación en las corruptelas de Petrobras, que colabora con la investigación a cambio de reducción de sus penas, y quien dijo haber donado 7,5 millones de reales (unos 1,9 millones de dólares) a la campaña electoral de Rousseff procedentes de los desvíos.
El magistrado también pidió que se investiguen posibles irregularidades en los pagos a una empresa que recibió unos 444.400 dólares de la campaña electoral de la presidente y que fue creada sólo dos meses antes de ser contratada para servicios que no aclaró.
Las posibles irregularidades en las cuentas de campaña electoral de la jefa de Estado son señaladas por la oposición como posible justificación para abrir un juicio político con fines de destitución contra la mandataria.
La oposición busca iniciar un juicio político contra Dilma Rousseff
Los sectores de la oposición que defienden la apertura de un juicio político contra Rousseff esperan que el tribunal electoral pueda declarar irregular alguna de las cuentas de campaña para poder utilizar esa justificación en su proceso.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que tiene el deber constitucional de aceptar o rechazar las peticiones de juicio con fines de destitución que sean presentadas contra el jefe de Estado, ha rechazado hasta ahora once peticiones de la oposición en ese sentido por considerar que no tienen peso jurídico.
La Constitución brasileña prevé la posibilidad de destituir a un jefe de Estado, pero para iniciar el juicio exige razones jurídicas que, en la opinión del Gobierno, no existen en el caso de Rousseff.