La Justicia ordenó avanzar con la ejecución de bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para cubrir el monto fijado en la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La Sala IV de Casación Federal rechazó el planteo de la expresidenta para suspender la ejecución de su patrimonio y ordenó decomisar 111 bienes de todos los condenados en la llamada causa Vialidad.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña resolvieron que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.
La defensa de CFK había apelado la decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) -integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso-, que firmó la resolución para hacer efectivo el decomiso.
Los abogados habían solicitado una reconstrucción exhaustiva del camino del dinero supuestamente ilícito desde su origen hasta la actualidad. Pero los magistrados de la Sala IV rechazaron el planteo.
Los jueces afirmaron: “Exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible y terminaría vaciando de contenido el decomiso». En cambio, señaló, «alcanza con demostrar una coincidencia temporal y una vinculación económica razonable entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva”.
Hornos, Bosinsky y Barroetaveña señalaron que el pedido de la defensa de CFK “no tiene sustento legal y desconoce cómo opera la criminalidad económica organizada, donde las ganancias ilegales suelen mezclarse, transformarse y reinvertirse durante largos períodos”.
Según lo establecido en la causa, el monto a devolver asciende a cifras millonarias que fueron actualizadas con el paso del tiempo, lo que derivó en la necesidad de ejecutar bienes de los condenados. En ese contexto, la resolución judicial habilita avanzar sobre propiedades, empresas y otros activos vinculados a la exmandataria y al resto de los implicados, entre ellos el empresario Lázaro Báez.