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Este martes, desde las 10.00, se llevará a cabo la última jornada de alegatos y sentencia del juicio contravencional que se le sigue contra los estudiantes imputados por reclamar contra el cierre de los Centros de Educación Integral de Jóvenes y Adultos (Ceija).
Los estudiantes; Valentina Melo, Gaspar Renauld, María Jonathan y Esteban Zapana y el docente Iván Mendoza recibirán la sentencia del juez contravencional Matías Ustares Carrillo, en la causa iniciada e impulsada por la Policía provincial donde se los persigue por haber participado de la manifestación frente a Casa de Gobierno realizada durante semana santa del año pasado.
Aquel jueves santo 29 de marzo del año pasado, mientras se encontraban sobre la vereda de Casa de Gobierno solicitando ser escuchados por algún funcionario del gobierno, a pedido del gobernador Gerardo Morales, se montó un enorme operativo policial deteniendo ilegalmente, sin orden judicial, a todas las personas que se encontraban en el lugar, manteniéndolos incomunicados. Allí también se hallaban presentes la concejala del PTS-FIT Andrea Gutiérrez y el abogado Héctor Huespe, quienes fueron también detenidos violentamente, violando en el caso de Gutiérrez sus fueros como concejal.
Valentina Melo imputada por haberse solidarizado como estudiante de Trabajo Social de la UNJu y militante del PTS – Frente de Izquierda manifestó: “es un claro ataque al derecho que tenemos de manifestarnos en defensa de la educación. Primero fuimos detenidos brutalmente y luego montaron todo este juicio con el objetivo de disciplinarnos, pero no lo van a lograr. Vamos a seguir peleando por el derecho a estudiar y cuestionando que solo unos pocos puedan recibirse, esta juventud vino a cambiarlo todo, ya que este sistema capitalista y patriarcal no tiene nada bueno que ofrecernos”.
Maia Hirsch, abogada de Valentina Melo y militante del CeProDH declaró: “repudiable es poco para definir este proceso al que han sido sometidos los estudiantes. Primero les armaron una causa penal y como no pudieron sostenerlo continuaron por la vía contravencional, lo que vulnera la garantía de que nadie puede ser perseguido dos veces por un mismo hecho. En el juicio no se respetó ni siquiera con el procedimiento que establece el propio código contravencional, permanentemente tuvimos que realizar planteamientos de nulidad para exigir que se respeten las garantías constitucionales de los imputados. Quedó acreditado que la policía provincial infiltró agentes de civil en el transcurso de la manifestación y luego los llamaron a juicio para que declaren como testigos. Es burdo que la misma policía que los detuvo ilegalmente, sin orden judicial, vulnerando los fueros de una concejala es la que sostiene la acusación y que a la misma vez el juez contravencional que va a resolver fue designado directamente a dedo por el Poder Ejecutivo, lo que avasalla el principio de imparcialidad. Apelaremos, en caso de ser necesario, hasta la última instancia para obtener una sentencia absolutoria”.
