La Justicia boliviana dictó el «cese de la prisión preventiva» del fotoperiodista argentino Facundo Molares Schoenfeld, quien había sido detenido en ese país cuando se concretó el golpe cívico militar contra Evo Morales. De esta manera, el trabajador de prensa que padecía graves problemas de salud y que en los últimos días contrajo coronavirus regresará a la Argentina para recibir atención médica luego de los largos pedidos humanitarios impulsados por el gobierno de Alberto Fernández.
El resultado de esas negociaciones fue confirmado por la Cancillería argentina a través de un comunicado en el que explicó que «el Tribunal Número 1 Penal de Sentencia de la ciudad de Montero autorizó que la prisión preventiva pueda ser sustituida por otras instancias».
La decisión fue tomada teniendo en cuenta el compromiso del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia de preservar la vida del ciudadano», indica el comunicado oficial.
A la vez, el Tribunal resolvió que “en vista de los argumentos del abogado de Molares y del Consulado argentino en Santa Cruz de la Sierra, Molares reciba atención médica en la República Argentina».
De todas maneras, la normativa indica que el fotoperiodista “debería presentarse periódicamente ante el Consulado boliviano en Buenos Aires”, pero debido a “la salud delicada” que por el momento padece se estableció que se podrán “reemplazar otras instancias» para cumplir con esas garantías.
Molares había viajado a Bolivia desde Colombia para cubrir las elecciones del año pasado que le dieron la reelección a Evo Morales. Pero tras el golpe de Estado fue detenido y más tarde fue hospitalizado por padecer una insuficiencia renal. Días atrás se informó que había contraído coronavirus.
Al difundirse el caso, con la asunción del presidente Luis Arce el pasado 8 de noviembre, tomó intervención el canciller argentino, Felipe Solá, quien se puso en contacto con las autoridades del nuevo Gobierno constitucional.
El 1 de octubre pasado, la Cancillería argentina presentó un pedido oficial a Bolivia para que libere a Molares «de manera urgente» y denunció que el joven sufría una «situación de denegación de justicia» por parte del entonces gobierno de facto encabezado por Áñez.