Por Colectivo Yarará. El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declara la incompetencia del fuero jujeño en la denominada «Megacausa», no es solo un movimiento de expedientes hacia Comodoro Py; es una autopsia política al sistema judicial montado en la provincia desde 2015.
Al anular lo actuado por el juez Rodolfo Fernández, el máximo tribunal del país descorre el velo de una estructura que parece diseñada para la protección de los propios y el castigo de lo «ajeno».
El juez del “primer puesto” y los evaluadores amigos
La llegada de Rodolfo Fernández al Juzgado Penal Económico en 2018 fue presentada como un triunfo de la meritocracia. Sin embargo, detrás del puntaje de 85,1 en el concurso, asoma una trama de afinidades.
Fernández, un abogado sin carrera judicial previa, pero con un pasado de militancia en el Movimiento Popular Jujeño (MPJ) —cantera de cuadros que terminaron engrosando las filas del oficialismo de Gerardo Morales—, fue ungido por un tribunal evaluador donde las piezas encajaban a la perfección.
Allí estaban Pablo Baca y Ramiro Tizón, aliados incondicionales del entonces gobernador, validando el ascenso de un hombre que pasaría de la actividad privada a manejar la causa de corrupción más sensible de la provincia.
La confesión de los audios y el blindaje
No se puede entender a Fernández sin recordar a sus antecesores. La sombra de Clara Falcone y su «no la vamos a soltar», o la caída estrepitosa de Pablo Baca tras admitir en audios filtrados que la detención de Milagro Sala respondía a una necesidad política de «paz social» y no a fundamentos jurídicos, configuran el ADN de este Poder Judicial.
En este ecosistema, la actuación de Fernández en la Megacausa siguió un libreto previsible: un «pacto de caballeros» que, mediante sobreseimientos exprés dictados días antes del fallo de la Corte, buscó blanquear al exgobernador Eduardo Fellner y a una docena de intendentes.
Llamativamente esos dirigentes siguen actuando en política en sociedad con el gobierno radical o transfugados sin ruborizarse desde el peronismo o directamente se fueron al mazo y se borraron del mapa.
El carpetazo alinea y aliena
Una justicia de élite, para la élite, donde los errores de jurisdicción funcionan como una bomba de tiempo programada para la prescripción en favor de los que obedecen el sendero del statu quo.
La vara selectiva: El sistema vs. La “revoltosa”
La asimetría es obscena. Mientras el sistema judicial jujeño construye puentes de plata y salidas elegantes para la dirigencia tradicional —esa que comparte apellidos, clubes y pasado en el MPJ o el PJ—, la vara se vuelve de hierro para Milagro Sala.
Para la mujer negra, india y revoltosa, no hay «error de competencia» que valga, ni pactos de caballeros, ni prescripciones piadosas. Mientras los hombres del poder político caminan hacia la libertad por la puerta de la incompetencia federal, Sala permanece bajo un régimen de prisión que, aunque domiciliario, es el recordatorio de quién es el enemigo designado por el régimen.
Un final anunciado
La Corte Suprema nacional ha dado un golpe de realidad: la justicia de Jujuy no es tal si se arroga facultades que no tiene para proteger a los suyos.
El traslado de la Megacausa a la Ciudad de Buenos Aires es la confirmación de que en Jujuy la independencia de poderes fue reemplazada por una mesa de acuerdos políticos.
La pregunta que queda flotando es si el tiempo perdido en estos 11 años de irregularidades no fue, en realidad, el objetivo final de un sistema que nació para garantizar que nada cambie para los de siempre.