De esta manera, la justicia desbarató una estrategia del oficialismo para retrasar la resolución del amparo que tramita como Expediente 10225/2013, caratulado “Morales, Gerardo; Baca, Pablo y otros c/Estado Provincial”·
La acción de amparo fue promovida por el senador Morales junto a legisladores nacionales y provinciales y damnificados directos, atendiendo los incumplimientos registrados en el plan de emergencia habitacional citado.
Los legisladores requirieron a la justicia en noviembre de 2012 que ordene al Estado dar cumplimiento a decretos del Ejecutivo y disponer medidas inmediatas de tipo sanitario y ambiental para garantizar el bienestar, la integridad y la salud de las personas que se encuentran en los lotes sin los servicios necesarios.
En ese amparo, se requería a la justicia que ordenara al Estado a disponer la distribución de agua potable, baños químicos y recolección de residuos, control sanitario, energía eléctrica y servicio de seguridad pública.
Con la resolución del Superior Tribunal de Justicia, se puso término a la reticencia del Estado provincial a brindar pruebas en el amparo citado que cuenta con el patrocinio de la abogada María Fernanda Yapur.
El Estado Provincial había sido multado por no contestar ninguno de los oficios que requerían información para esta acción de amparo, los que habían sido recepcionados a principios del año 2013.
En ese marco, el juez Fernando Pedicone fijó una audiencia que se celebró en julio de 2013 como requisito previo a pedidos reiteratorios de informes que debieron ser contestados en cinco días bajo apercibimiento de imponerse sanción conminatoria en caso de incumplimiento en forma solidaria con el funcionario responsable, pero el estado provincial tampoco cumplió. Como consecuencia, el juez Pedicone le aplicó al Estado provincial una multa diaria por dicho incumplimiento.
Ya corriendo dicha multa diaria, el Estado provincial brindó información insuficiente, prometiendo brindar la mitad de lo solicitado en diez días, lo que a la fecha tampoco se cumplió, con lo cual desde hace un año y medio se mantiene la falta del Estado.
Ante la aplicación de la multa diaria, el oficialismo interpuso recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia, el que fue rechazado.
Los jueces José Manuel del Campo, María Silvia Bernal, Sergio Marcelo Jenefes, Sergio Ricardo González y por habilitación Luís Ernesto Kamada, bajo la presidencia del nombrado en primer término, sentenciaron que el agravio esgrimido por el Estado Provincial no tiene sustento y que, por lo tanto, corresponde la aplicación de multa.