La justicia federal inició una causa para investigar irregularidades de la campaña presidencial de 2015

El fiscal federal Ramiro González abrió un nuevo capítulo del escándalo sobre presuntos aportantes truchos de las campañas electorales de Cambiemos. Le pidió al juez federal Ariel Lijo iniciar una investigación sobre irregularidades en la campaña de 2015 que llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada. En ese sentido, solicitó el levantamiento del secreto fiscal sobre empresas sospechadas, así como también reclamar balances de gastos a los gobiernos nacional y porteño administrados por el macrismo.

Esta investigación se agrega a la que se encuentra en curso por la campaña legislativa de 2017, donde numerosos presuntos aportantes ya declararon que no pusieron un peso para financiar al macrismo. En varios casos se trataba de beneficiarios de planes sociales.

La pesquisa preliminar fue iniciada por el fiscal Jorge Di Lello, tras una investigación realizada por sitio El Destape. Luego de recabar datos y testimonios, Di Lello le presentó el caso a la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría para que determine si hubo irregularidades en el manejo de la campaña de 2015 en la que Macri resultó electo presidente. La jueza remitió la causa a sorteo y le tocó al juez Lijo y al fiscal González.

“Concretamente, tales maniobras consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias ‘en negro’ durante la referida campaña electoral, como así también el desvío de recursos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –desde el Ente de Turismo de esa ciudad, en ese entonces a cargo de Fernando De Andreis– con el objeto de afectarlos a gastos relativos con las elecciones presidenciales llevadas a cabo durante el año 2015”, explicó González en el requerimiento realizado el mes pasado pero conocido recién ayer.

Uno de los testimonios recogidos fue el del periodista Juan Amorín. Contó que en su investigación habían podido detectar referencias a pagos en efectivo a proveedores de la campaña presidencial que realizaron servicios en distintos actos de Mauricio Macri que no habían sido rendidos a la Justicia o que lo habían sido por un importe mucho menor.

Mencionó casos específicos como los correos electrónicos intercambiados entre el Ente de Turismo porteño que manejaba De Andreis y el proveedor “CAP Publicidad” por un acto en Costa Salguero en los que les presupuestaban diversos materiales globos, sombrillas, lapiceras y banderas con el eslogan de Cambiemos y la leyenda “Macri 2015” por valor de 5 millones de pesos que en la rendición de cuentas quedaron reducidos a módicos 600 mil pesos. Desde hace años, De Andreis forma parte del círculo de confianza de Macri y desde su llegada a la Casa Rosada lo puso a cargo de la secretaría general de la Presidencia.

Para poner en marcha formalmente la investigación, el fiscal González le requirió al juez Lijo que se realicen las siguientes medidas de prueba:

• Pedirle a la justicia nacional electoral los estados contables sobre los gastos de campaña electoral de Cambiemos en 2015.
• A los gobiernos nacional y al porteño, los datos sobre al menos una docena de personas que ocuparon cargos públicos y que estarían vinculadas a esos hechos.
• A la Inspección General de Justicia (IGJ), la composición accionaria, balances y estatutos de las empresas “CHK Servicios Audiovisuales SRL”, “CAP Publicidad SRL” y “Televaz”, todos ellos proveedores involucradas en las maniobras.
• A la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el levantamiento del secreto fiscal de esas empresas, así como también el “padrón completo, inscripción declaraciones juradas de impuestos nacionales”, e información sobre la compraventa de inmuebles y bancarios, entre otras demandas.

“Esperaba que el fiscal iniciara una causa porque hay mucha prueba, demasiada diría, y es muy evidente cómo se acredita el financiamiento ilegal de la campaña por parte de Cambiemos”, sostuvo el diputado del FpV-PJ Rodolfo Tailhade, habitual denunciante de los supuestos actos de corrupción del oficialismo. En este caso en particular destacó la participación directa de Fernando De Andreis a través del ente turístico porteño “donde se verifican las situaciones más escandalosas”, a su entender. “Me parece que esta investigación, con los tiempos de Comodoro Py, va a avanzar porque hay innumerable evidencia de fraude al Estado porque, en definitiva, desviaron dinero público para pagar gastos de campaña”, concluyó.

Esta pesquisa referida a la campaña presidencial 2015 y la que desató el primer escándalo, la basada en la campaña bonaerense de 2017, le pegaron al oficialismo en un lugar sensible, dado que su intención era apropiarse de la bandera de la transparencia como propia, pese a los varios funcionarios con conflictos de intereses y con offshores que forman parte del elenco oficial.

Cuando la bola fue creciendo y ya no podía ignorarla, la reacción de la gobernadora María Eugenia Vidal fue buscar desvirtuar la evidencia. “Es una denuncia del kirchnerismo”, dijo. Siguiendo el libreto de Macri ante hechos turbios, aseguró que presentaría “todos los papeles” en la Justicia. Ya para entonces, la lista original de 205 aportantes falsos a la campaña bonaerense –Vidal es la presidenta del PRO de la Provincia– la lista se había estirado a más de 500, la mayoría habitantes de barrios muy humildes y beneficiarios de planes sociales. Pocos días después de esa aparición, Vidal debió aceptarle la renuncia a María Fernanda Inza, la ex tesorera del PRO que se desempeñaba como contadora general en la Provincia.

A diferencia de lo que sucede con los expedientes que involucran a ex funcionarios del kirchnerismo, en la causa iniciada por la campaña bonaerense de 2017 por los delitos de lavado de dinero y falsedades ideológicas no sólo no hubo detenciones sino que fue direccionada por las distintas instancias judiciales de manera que pase de la justicia porteña a la bonaerense y del fuero penal al electoral, tal como pretendía Cambiemos. Mientras que la justicia penal prevé penas graves, las infracciones electorales son meras irregularidades.

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