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La justicia federal de Jujuy notificó al gobernador de la provincia, Gerardo Morales que fue denunciado por la comunidad coya del pueblo de Caspalá por los delitos de «robo, usurpación, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y usurpación de aguas». La causa recayó en el juzgado federal N°2 de la provincia.
Cabe recordar que el gobierno provincial fue denunciado en el fuero federal de Comodoro Py «por un montón de delitos que confluyen», indicó la abogada de la comunidad, Silvana Llanes.
La primera presentación se realizó en Comodoro Py, y por sorteo recayó, en el jugado de Julián Ercolini, desde donde enviaron el dictamen a la Fiscalía Federal de Jujuy, donde se encuentra actualmente a cargo del fiscal Luis Casas.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) la letrada dijo que «es una denuncia extensa, donde dejamos acreditadas las maniobras contra los pueblos originarios, el avasallamiento y el despojo de sus tierras. Estamos combatiendo desde todos los puntos», expresó Llanes.
Además de las denuncias penales, se hicieron presentaciones, entre otras, ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, la Dirección de Monumentos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Señaló que «espero que la justicia federal jujeña esté a la altura de lo que amerita este caso».
«Estamos en la etapa de investigación y se solicitaron medidas probatorias, nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias buscando todo el peso de la ley ya que se están vulnerando los derechos de los pueblos originarios».
La carátula de la causa a investigar reza: «Gerardo Rubén Morales/otros Robo, Usurpación, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de funcionario Público, Usurpación de Aguas y otros»
El mandatario fue denunciado por la comunidad coya de Caspalá, luego que el gobierno usurpará el predio de una cancha de fútbol para construir una escuela.
Cabe recordar que el lunes 10 de abril, se realizó la primera audiencia convocada por la justicia provincial en el marco del pedido de una medida cautelar que presentó la comunidad coya de Caspalá para que se detengan las obras que lleva adelante el gobierno provincial en terrenos privados.
La jueza Marisa Rondón decidió realizar una inspección ocular de la zona, trámite que se llevará adelante recién el próximo miércoles 26. Mientras tanto, siguen llegando materiales al lugar y los trabajos continúan.
Los representantes legales del Ejecutivo provincial presentaron «un mapa de todo el departamento de Valle Grande, sin dimensiones, que es simplemente una lámina de las que se hacían antes para delimitar el lugar y marcar los límites», afirmó Llanes.
«Nosotros respetamos la decisión de su señoría -comentó la abogada-. Ella va a ir y va a verificar. Nosotros tenemos acreditado que la cancha está dentro de la finca Pozuelo G231, que es propiedad de la señora María Liberata Apaza y sus herederos. Por lo tanto, están haciendo una violación de domicilio, se metieron sin autorización y están destruyendo el patrimonio de esta familia».
La presencia policial es permanente en Caspalá
