La justicia le otorgó un plazo al gobierno, para que acredite la existencia del grupo Omega

Luego de lo anuncios de los ofrecimientos del grupo económico Omega Energy y su empresa subsidiaria NikOil Energy Corp de comprar el ingenio La Esperanza, el juez de la quiebra de la planta fabril Juan Pablo Calderón solicitó al gobierno de la provincia que acredite la existencia real del grupo empresario en el país.

Con este pedido, el Ejecutivo deberá presentar en el plazo de cinco días hábiles toda la documentación que pruebe que Omega, de capitales colombianos, esté constituido legalmente en el país como cualquier empresa que desea desarrollar una actividad comercial. El grupo quiere quedarse con el complejo industrial.

El magistrado que maneja el destino de la empresa quebrada hace 18 años comienza con el análisis del oferente, para luego, en caso que se demuestre la seriedad del interés del grupo colombiano con el que negoció la venta el poder ejecutivo, evaluar la viabilidad de la operación.

Omega Energy ofertó 85 millones de dólares por el ingenio azucarero, para quedarse con todos sus bienes, activos y quedarse con 600 o menos trabajadores, sobre los mil que existen hasta ahora. Varios de ellos, se jubilaron, otros optaron por el retiro voluntario y algunos pasaron a la planta permanente del estado.

Entre la empresa colombiana y el estado jujeño, representado por el gobernador Gerardo Morales, la venta del ingenio tuvo un principio de compra-venta: una carta de intención, en la que la empresa y el estado provincial le manifiestan al juez responsable de administrar el proceso de quiebra, el interés de los colombianos por el ingenio azucarero, realizando un ofrecimiento concreto.

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