La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por unanimidad aplicar el beneficio a Alfredo Astiz y a otros ocho condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA.
Los camaristas Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Carlos Mahiques desestimaron, por unanimidad, los recursos de las defensas de Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda, Ernesto Frimón Weber, Juan Carlos Fotea, Carlos Capdevila y Juan Antonio Azic.
El juez Slokar, quien lideró el acuerdo, subrayó el irrenunciable compromiso asumido por el Estado argentino de sancionar adecuadamente las graves violaciones a los derechos humanos, y argumentó que, «del mismo modo en que los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos veinte años» con la incorporación de los tratados internacionales de Derechos Humanos a la Constitución Nacional y con «la reapertura de estos procesos», tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Slokar sostuvo, además, que admitir el planteo de las defensas «conduciría al favorecimiento de la libertad de los condenados a prisión perpetua» (Pernías, Astiz, Donda, Rádice y Weber) y aun a dar por cumplida o vencida la pena de los otros dos sentenciados (Capdevila y Azic)-, «lo que deviene tan inverosímil como inaceptable».
Mahiques, ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal, por su parte, votó por el rechazo de los recursos y recordó que, «mientras mantuvo su vigencia la ley 24.390, los imputados no sólo no fueron privados de su libertad, sino que tampoco estuvieron sometidos a proceso» gracias a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final», declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema y nulas por la ley 25.779.
La mayoría de los represores alcanzados por el fallo de Casación recibieron sus primeras condenas en el juicio a los grupos de tareas de la Escuela de Mécánica de la Armada (ESMA) concluido en octubre de 2011, en cuyo primer tamo 12 represores fueron condenados a prisión perpetua y otros cuatro a penas de entre 18 y 25 años de prisión.
Las 12 perpetuas incluyeron las acusaciones por los secuestros y homicidios de los integrantes de la Iglesia Santa Cruz, entre quienes estaban Azucena Villaflor, Esther Careaga y María Bianco -tres de las primeras Madres de Plaza de Mayo- y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.
Astiz fue actor principal de aquella operación del terrorismo de Estado, ya que se infiltró en Madres de Plaza de Mayo como supuesto hermano de un desaparecido y recopiló la información que utilizó la patota de la ESMA en los secuestros realizados en la iglesia Santa Cruz donde se reunían.