Por Juan Giusti, abogado. El radicalismo local convocó a una marcha para repudiar el pedido de intervención judicial que solicitó el senador nacional Guillermo Snopek del bloque Frente de Todos.
Lo primero que hay que decir es que la marcha nos salió una fortuna a los jujeños. Colectivos, plotters, solicitada, etc. Sí, lo pagamos entre todos.
Luego de analizar el costo económico de la marcha, también hay que decir que fue puro aparato. Ese aparato que usan los que están sentados en el sillón de Fascio, allí, en la calle San Martín 450. Lo pintoresco es que Gerardo Morales criticó toda la vida ese tipo de utilización del aparato estatal. Se sabe que sus críticas tenían más que ver con que él no lo podía usar.
Desde lo político la marcha no movió el amperímetro. No convenció a nadie. No sumó adeptos. Si la marcha hubiera sido una espontánea, una pueblada, sería para analizar; pero no lo fue. Todo armado para insuflar adrenalina en el pecho de los radicales, tratando de retomar una agenda perdida.
La marcha, además, provocó caos vehicular desde temprano. Ese caos que no les gusta a los jujeños, y que esta vez no tendrá un expediente contravencional.
Pero quiero contar mi experiencia personal, y porque sí creo que la única salida es la intervención del Poder Judicial. En Jujuy, el Poder Judicial no investiga a los poderosos.
Te cuento 6 historias que sé de primera mano y vos saca tus conclusiones, ¿dale?
1) En mayo de 2017 se le hizo una denuncia a Clara “Titina” Falcone por la supresión del estado civil de un bebe recién nacido. Su hijo del corazón, lo llama Titina. Anotó como propio a un menor recién nacido y a la madre se le dijo que había muerto en el parto. Se investiga en el Expediente NºP-27.348/17 caratulado Actuaciones Remitidas por el MPA. Denunciante: Juan Manuel Esquivel. Denunciados: Clara Aurora de Langhe de Falcone y Hugo Falcone, y está radicada en la Fiscalía de Investigación Penal Nº 12 a cargo de Ernesto Liam Resua. Sigue parada. Una causa sencilla de resolver con un simple ADN.
2) En 2018 se denunció al Ministro de Turismo Federico Posadas por varios delitos, y que estaban comprobados. Se acompañó la prueba. Expediente NºP195.904/18 – denuncia penal realizada por la diputada Alejandra Noemí Cejas contra Carlos Federico Posadas por los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad y tráfico de influencias. El fiscal de investigaciones penales, Aldo Lozano, no mueve la causa.
3) También en 2018 se lo denunció a Juan Carlos Abud Robles por cobrar doble sueldo (como ministro de Producción y Desarrollo Económico de Jujuy y miembro de la empresa estatal YPF) a pesar de que estaba prohibido. Se acompañó prueba. El propio funcionario lo admitió en una conferencia, y dijo que era súper híper capaz, por eso lo habían convocado en YPF. El expediente NºP-200.633/18- denuncia penal realizada por la diputada Alejandra Noemí Cejas contra Juan Carlos Abud Robles, también duerme el sueño de los justos en el despacho del fiscal Lozano.
4) El 20 de noviembre de 2019 se incendió el ingenio La Esperanza y murieron 8 personas. Todavía no hay pericia porque «no hay perito”.
5) El día lunes 3 de febrero de 2020 se le hizo una denuncia a Pablo Baca, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y al titular del Ministerio Público de Acusación, Sergio Enrique Lello, por los dichos del primero y por el nombramiento de la esposa del segundo en contra de la ley de creación del organismo. 4 delitos se le indicaron: incumplimiento de los deberes de funcionario público y retardo de justicia a Baca, y amenazas agravadas y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública a Lello. Le correspondía investigar a Aldo Lozano.
Pero Lello confía más en el Fiscal Diego Funes. Para que investigue Funes, hicieron una resolución trucha dividiendo la Fiscalía Penal Especializada en delitos contra la Administración Pública y delitos complejos en dos. Una fiscalía contra la Administración Pública a cargo de Lozano y otra de delitos complejos a cargo de Funes.
El 27 de enero de 2020 una resolución firmada por Lello, produce la división de dicha fiscalía en dos. Lello estaba ese día en Brasil. ¿Me explico? Cómo hizo para firmarla desde las playas del vecino país es un misterio. Se recusó el fiscal hace más de un mes. Todavía no se resolvió. No hay fiscal todavía.
6) El día viernes 28 de febrero de 2020 a la noche se le hizo una denuncia a Baca por un posible abuso sexual contra una mujer. No actuaron todavía. No imputaron, nada.
En ninguna de las seis causas que yo conozco tiene imputación alguna, a pesar de que se encuentran vencidos los plazos y de los pedidos de pronto despacho realizados. Las denuncias contra los dueños del Poder en Jujuy no se investigan.
Gerardo Morales organizó una marcha para que se mantenga este estado de dependencia y sometimiento del Poder Judicial de Jujuy a su voluntad.
Podría hablar de la venta del Ingenio La Esperanza y el mamarracho de empresa fantasma colombiana Omega, que el inútil de Abud Robles había traído, y cómo se violó la Ley de Quiebras para hacer la voluntad del gobernador. Podría hablar de cómo intentan proteger el cultivo de 10.000 hectáreas de marihuana en Jujuy, pero no lo hago.
Por esto (entre otras cosas) se oponen a la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy. Porque saben que Morales no va a poder manejar la provincia como un Sultanato, tal como lo viene haciendo. Los casos de utilización del Poder Judicial como herramienta de apriete son muchos (te conté seis, nomás).
Y cuando dejás de tener la herramienta de apriete, que es el Poder Judicial, y no podés mostrar gestión, todo se viene abajo, como el castillo de naipes que construyó Morales.
Necesitamos un Poder Judicial independiente. Este Poder Judicial de la Titina y de Pablo Baca, no lo es. Te hablé de solo seis casos sobre ocho que yo conozco. Imaginate los casos que desconozco.
Y te doy los números de expedientes, porque es la única verdad. Piedra mata tijera, papel mata a piedra y dato mata relato.
Si marchaste ayer, tenés que saber que esto es lo que estas defendiendo.