Así lo confirmó el ministro Matuk, y aclaró que en la propia orden, firmada por el juez de control Ricardo Alberto Grisetti, se especifica que el desalojo debe producirse “siempre y cuando se den las condiciones para llevarlo a cabo”.
Para ello, explicó, se puso en marcha un protocolo de actuación que incluye el censo de las personas que permanecen en el lugar, la visita del personal de Atención Primaria de la Salud (APS), “para ver de qué familias hay y cuáles son las circunstancias ante un posible desalojo”.
“Ojalá que esto no llegue a producirse, que haya voluntad de desistir a esta medida”, expresó.
“Desde el gobierno de Jujuy insistimos en que el problema de la necesidad de viviendas no es tal como lo plantean los gremios que ocuparon el predio, porque tienen inmensas posibilidades”, afirmó Matuk.
Explicó luego que la mayoría de los gremios de la administración pública se ha presentado ante el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, y que con solo acreditar la posesión de un terreno, en pocos días se da inicio al convenio y a la construcción de un plan de viviendas. “Tengo los elementos que lo acreditan”, aseguró el ministro.
Aclaró que “esto es factible en el caso de los gremios de empleados públicos porque tienen un sueldo del Estado, por lo que la cuota forma parte del convenio y se descuenta por planilla”. En este sentido, destacó que para el Ivuj “el empleado público es buen negocio”.
Como ejemplos, mencionó a los acuerdos firmados con el Centro de Educación Media y Superior (Cedems), que en los últimos días provocó la reacción de los referentes del FGE, el municipal Carlos Santillán y la titular de Sanidad, Yolanda Canchi, que amenazaron con expulsar al sindicato de los profesores de su colectivo por haber sellado el acuerdo en medio de la toma de tierras.
Pero Matuk no se detuvo allí, y nombró también a la propia Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa): “Ese sindicato está tomando el predio, cuando en unos días más se empieza con la construcción de sus viviendas en Alto Comedero”, aseguró.
“Dejamos constancia que la semana pasada se hizo una reunión con el ministro de Tierras que duró cinco minutos, tiempo que les alcanzó para insultarlo y retirarse”, relató Matuk, y concluyó: “Es decir, no tienen voluntad de llegar a un arreglo, y todo nos lleva a pensar en el trasfondo político que se manifiesta a nivel provincial y nacional, porque todos saben que en el caso del señor Santillán hay intereses políticos nacionales”.
“Entonces no pueden aducir falta de viviendas cuando tienen abiertas las puertas para la construcción de viviendas para sus afiliados”, concluyó el ministro.
Recordó además que está el programa “Un lote para cada familia que necesite”, para aquellos que no poseen terrenos, y que ya entregó en toda la provincia unos 19 mil lotes. “Hoy se dispone de 10 hectáreas que son específicamente para dar lotes a la gente, es decir que con solo inscribirse se accede a un lote en Jujuy”, precisó.
“Con esto quiero decir que no existe ninguna necesidad de llevar adelante el delito de la usurpación, y creemos que esto ha sido un error de parte de estos gremios. Ya han sido identificados y va a actuar la justicia”, continuó.