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El juez federal de Campana Adrián González Charvay ordenó al Estado nacional suspender de manera «inmediata» el inicio del proceso de revisión de la creación de la Universidad Nacional de Pilar, al hacer lugar a una medida precautelar interina.
El magistrado con jurisdicción en ese partido del norte bonaerense decidió «hacer lugar a una medida cautelar interina, ordenándose al accionado Estado Nacional –Ministerio de Capital Humano–, la suspensión inmediata –específicamente respecto de la Universidad Nacional de Pilar, creada por la Ley 27.728– de los efectos de la Resolución 45/2024 APN-MCH dictada con fecha 26/02/2024, por la que se dispone establecer el proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de las nuevas instituciones universitarias nacionales», según una resolución a la que tuvo acceso Télam.
Esta semana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la decisión de «revisar y auditar la creación de cinco universidades nacionales». Se trata de las de Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo. El objetivo, explicó, es determinar, al menos en el caso de dos de esas instituciones, cuál fue el destino de los fondos asignados en su momento para su funcionamiento.
La medida interina asumida por el juez González Charvay es una «precautelar» que tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la medida cautelar solicitada. «A tal fin, requiérase al accionado Estado Nacional-Ministerio de Capital Humano, el informe previsto por el artículo 4 de la ley 26.854, el cual deberá ser contestado en el plazo de tres (3) días de notificada», dice la resolución.
Derechos y garantías amenazados
La acción de amparo fue presentada por la rectora de la Universidad Nacional de Pilar, Diana Wanger, quien demandó al Estado nacional y al Ministerio de Capital Humano y pidió que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 45 que dispuso la revisión de la creación de esa casa de estudios, dispuesta por ley, y el inicio de actividades de nuevas instituciones universitarias nacionales.
En el amparo se aludió a una «inminente lesión y amenaza de derechos y garantías reconocidos por los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional y en el Derecho Supranacional (art. 75, inc. 22 de la C.N.)».
También se pidió el dictado de la medida cautelar que ordene la suspensión de los efectos de esa resolución por ser «violatorio de la garantía de autonomía con la cual la reforma de la Constitución de 1994 pretendió amparar a las Universidades Nacionales».
Adorni había explicado esta semana que la medida, además de alcanzar a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, abarcará a las casas de altos estudios de Ezeiza, el Delta y Pilar, todas ellas en la provincia de Buenos Aires; y de la ciudad cordobesa de Río Tercero.
Junto con esta medida, promovida por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, también «quedan suspendidos el nombramiento de cinco rectores que habían sido definidos por anterioridad» a la asunción del nuevo gobierno.
El funcionario indicó que «en dos de esas universidades» se está «revisando» el destino que tuvieron unos «800 millones de pesos» transferidos a su estructura. «Queremos saber cuál es el destino de esos fondos», agregó Adorni.
