El pedido que realizará el fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, será el primero que la Justicia le realice al estado pontificio desde que el papa Francisco impulsó la reforma judicial al interior del Vaticano y ordenó la apertura de archivos personales de cada pontífice, los famosos «archivos secretos», para juicios de lesa humanidad.
También reclamará que se informe sobre la existencia de alguna información que se le haya reclamado al Estado nacional respecto de las amenazas y la muerte de Ponce de León, tal como le fue solicitado antes al Episcopado Argentino, a la Vicaria General Castrense y a la Nunciatura Apostólica.
El fiscal firmará el exhorto entre hoy y mañana, lo mandará a traducir al italiano y luego lo remitirá el área de cooperación internacional de la Procuración General de la Nación para que, a través de la Cancillería, lo envíe al Vaticano.
La causa está radicada físicamente en el juzgado federal de San Nicolás y es instruida por el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque.
Ponce de León fue el segundo cura asesinado durante la última dictadura cívico militar, el 11 de julio de 1977, y su muerte -como la del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, un año antes- intentó presentarse como el saldo de un accidente de tránsito.
El obispo de San Nicolás murió luego de que al Renault 4 en el que viajaba hacia Buenos Aires se le atravesó una camioneta Ford F-100.
El cura iba acompañado por Víctor Oscar Martínez (19 años) y llevaba, entre otras cosas, una carpeta que pretendía acercar a la Nunciatura Apostólica con datos sobre secuestros y torturas en San Nicolás y Villa Constitución.