Los camaristas resolvieron declarar desierto el recurso interpuesto por el fiscal penal, Darío Osinaga Gallacher, rechazar el recurso de apelación interpuesto por Guillermo Toro (querellante de la empresa Acero Zapla S.A.) y confirmar el sobreseimiento de Julio Mamaní, Víctor Aguirre y Walter Calapeña. Se los acusaba del delito “Compulsión a la Huelga o Boicot”, en la sentencia que había sido dictada por el Juez de Control Isidoro Cruz.
El fiscal de Cámara, Miguel Ángel Lemir, no pudo sostener la intención y resaltó que no había existencia de delito ni prueba para elevar la causa a juicio oral.
De esta manera los jueces de Cámara no tuvieron más opción que reconocer la existencia del derecho a huelga como parte de una garantía constitucional básica, y la defensa realizada por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos al trabajador Julio Mamaní.