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La Cámara Federal porteña ordenó este martes liberar a los cuatro integrantes de Revolución Federal detenidos en el marco de una causa por incitación a la violencia colectiva. Por su parte, la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había pedido que se mantenga la prisión de los acusados.
Aunque la Justicia investiga el funcionamiento de Revolución Federal y el intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner de forma separada pues considera que, al menos por el momento, no hay evidencia que vincule el accionar de Fernando Sabag Montiel con la agrupación radical, la ex mandataria es querellante en la causa dado que es una de las figuras señalada en los discursos de odio proferidos por la organización.
Los integrantes de Revolución Federal Jonathan Morel, Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa estaban detenidos desde el pasado 20 octubre tras el pedido del fiscal Gerardo Pollicita y la orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
La Cámara Federal porteña dispuso la liberación de los imputados, pero instruyó al magistrado al frente de la causa a tomar cualquier medida para garantizar la sujeción al proceso, “siempre procurando que su imposición no torne ilusorio el derecho concedido”.
Entre las alternativas que ahora baraja Martínez de Giorgi se encuentran una caución real (fianza) o juratoria (la libertad bajo juramento), el uso de una tobillera electrónica o la retención del pasaporte.
A pesar de obtener nuevamente su libertad, los integrantes de Revolución Federal siguen imputados por incitación a la violencia colectiva. Según planteó el fiscal, las pruebas permiten tener “por corroborada la actividad desplegada por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, quienes organizaron una agrupación de la que luego tomaron parte Gastón Guerra y Sabrina Basile —entre otras personas aún no identificadas—, y desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”.
“Se pudo corroborar que, a través de la agrupación Revolución Federal, en el período reseñado los nombrados alentaron e incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional —Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda, entre otros—, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público”, añadió.
Este martes, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Brugia dictaron la excarcelación de los acusados bajo el argumento de que “no existen riesgos procesales suficientes que nos permitan mantener la medida de coerción personal dispuesta por el Juez de grado”.
“Con relación al posible entorpecimiento de la investigación, debe destacarse que los elementos secuestrados ya se encuentran a disposición de las fuerzas encargadas de estudiarlos. En ese sentido, tampoco el Magistrado de la instancia inferior identifica en concreto cuáles serían los comportamientos obstructivos que los acusados podrían llevar adelante en libertad”, indicaron.
